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El juez de Acuamed archiva la causa contra el consejero delegado de Acciona al no ver delito

El ‘caso Acuamed’, cuya investigación empezó en 2015 y fue utilizado por Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición para desgastar políticamente al entonces presidente Mariano Rajoy a cuenta de la corrupción, va camino de quedar en nada. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón, ha decidido archivar la causa contra Luis Castilla, consejero delegado de Acciona, al entender que no hay pruebas suficientes para mantener la acusación contra él por falta de pruebas, según un auto de este miércoles al que tenido acceso este diario.

Castilla, que había pedido en 2019 el sobreseimiento de su causa, estaba acusado de pactar con la dirección de la empresa pública inflar los precios de la obra de la desaladora de Torrevieja, una de las obras sospechosas de corrupción que están siendo investigadas en la causa, a cambio de regalos para la ex cúpula de la compañía.

El juez señala que, aunque la petición de sobreseimiento se rechazó en dos ocasiones, «en este momento, visto el estado de las actuaciones, y una vez practicadas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, corresponde al Juez de Instrucción el dictado de alguna de las resoluciones a las que se refiere el precepto, debiendo acordarse, en este caso, y respecto de Luis Castilla Cámara, el sobreseimiento provisional conforme al art. 641.1 de la misma norma procesal».

El magistrado entiende «que no ha quedado acreditada la participación del investigado en los hechos imputados». García Castellón es claro en su auto. «El Ministerio Fiscal sostiene como fundamento de la incriminación del Sr. Castilla sus reuniones con el Sr. Mateo, quien fuera Director General de Acuamed, sin que de las actuaciones practicadas se pueda inferir que entre ellos se materializó un consorcio de voluntades encaminado a la ejecución fraudulenta de la planta desalinizadora, mediante la prolongación irregular de su ejecución», se puede leer en el auto.

«Ni las anotaciones encontradas en la agenda del Sr. Mateo, ni las manifestaciones recabadas ante este juzgado de instrucción por parte de los dos investigados permiten inferir la existencia de este acuerdo, como tampoco se desprende de las manifestaciones de ningún otro testigo. Así las cosas, puede concluirse que la investigación que se dirige contra el Sr. Castilla se sustenta, en este momento, en el solo hecho de la posición que ocupaba en el organigrama de la empresa Acciona Agua, una de las integrantes de la UTE», sentencia.

Por lo tanto, para el magistrado, no queda acreditado ningún pacto entre los dos para inflar ningún precio de la desaladora de Torrevieja. El juez deja claro también que el presidente de la compañía no tiene por qué saber y estar al tanto de todo lo que sucede en su empresa, además tratándose de una de las constructoras más grandes del país.

Acciona

Acciona ya inició hace unas semanas una ofensiva jurídica para ‘salvar’ a sus directivos acusados, Luis Castilla y Justo Vicente, director de Construcción, de la imputación, como publicó este diario. En el informe presentado ante el juez, la constructora explicaba que, según la acusación, la ex cúpula de Acuamed aprobó pagar una liquidación de la obra -habitual en este sector cuando la constructora entrega la obra al adjudicatario- por valor de 8,9 millones de euros, precio superior al valor de las obras ejecutadas. Además, le acusa también de pretender pagar a la constructora ocho millones de euros en sobrecostes, algo que Anticorrupción considera improcedente. Todo esto, a cambio de invitaciones al fútbol por parte de Acciona al ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo.

Acciona destaca en el escrito que las conversaciones con la ex cúpula de la firma para pactar el pago de los sobrecostes y la liquidación de la obra forman parte de lo habitual en el sector y están avaladas por el contrato de adjudicación. Además, Acciona subraya que esa negociación fue «beneficiosa» para Acuamed, para las arcas públicas, puesto que la constructora «habría renunciado a un importe muy significativo de los sobrecostes que tuvo que asumir durante toda la vida de la obra (derivados, esencialmente, del enorme retraso que hubo por causas ajenas al contratista)», dice en el escrito.