La intervención estatal es responsable del 73% de la subida de luz desde 2008

Los hogares españoles pierden renta disponible y las empresas competitividad como consecuencia de la elevada carga que soportan en sus costes energéticos por la acción directa de la intervención gubernamental en el mercado eléctrico. Desde 2008 el precio medio de la luz que pagan las familias ha crecido en 81 euros por Mwh, de los que 59 euros (el 73%) corresponden a impuestos y otros cargos que establece el Gobierno para hacer política energética.

Como consecuencia de ello, el precio de la electricidad de los hogares en España es el cuarto más elevado de Europa, tal como revela un informe elaborado por el doctor en Economía David Robinson, investigador del Oxford Institute for Energy Studies.

Sólo las familias de Dinamarca, Alemania e Irlanda pagan más por la luz que las españolas. Si se compara con EEUU, el precio que pagan los consumidores residenciales españoles es más del doble que el de las familias norteamericanas.

El profesor Robinson define como “cuña gubernamental” todos los impuestos, tasas y otros recargos que financian políticas públicas energéticas. Se trata de las subvenciones a las renovables, el apoyo al carbón nacional, los intereses del déficit de tarifa eléctrico, los costes extra-pensinsulares y todo aquello que tiene que ver con la intervención estatal en un mercado que está excesivamente regulado.

Pues bien, según su estudio, el 73% de la subida que se ha producido en el precio de la electricidad entre 2008 y 2014 se debe a esta “cuña gubernamental”. Por eso, los hogares españoles son los que han sufrido el mayor aumento del precio del MWh, con 81 euros de media en el citado periodo:

En cuanto a las empresas, la “cuña gubernamental” es la responsable de un 28% del aumento de la factura de las pequeñas y medianas empresas, mientras que en las grandes compañías la tasa baja al 20%.

Robinson explica que la elevada intervención estatal “está generando una transferencia de riqueza muy poco transparente hacia determinadas industrias y proveedores de combustibles”, además de una notable merma en la renta de los hogares. “Por eso muchas familias quieren apostar por el autoconsumo y desconectarse de la red eléctrica”, indica el profesor, aunque el Gobierno ha decidido limitar estas posibilidades con el “impuesto al sol”.

La propuesta del autor del informe es derivar una parte de esta “cuña gubernamental” a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de tal forma que sean los ciudadanos como contribuyentes (y no como consumidores de energía) los que financien el coste de las políticas públicas, como las ayudas económicas a las energías renovables. A su juicio esto dotaría de más transparencia al sistema de intervención estatal, que ahora se oculta tras la factura de la luz.