Hacienda quiere colar como funcionarios a los interinos con un examen aprobado de los cinco que se exigen

La guerra entre la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, y los altos cuerpos del aparato del Estado sigue en todo su apogeo. El último punto de fricción, «y grave», es la intención del Gobierno de abrir la puerta a que los interinos accedan a la plaza de funcionarios de carrera sin haber pasado por las pruebas oportunas, con sólo un examen de los cinco que se precisan, por ejemplo, para ser inspector de Hacienda. En este caso concreto, los opositores por el turno libre tienen que pasar las pruebas para acreditar los conocimientos suficientes en Derecho y Economía, luego son requeridos para un examen sobre Contabilidad y Matemáticas Financieras -que es el más difícil de todos-, después realizan un examen práctico y al final del recorrido dos pruebas de carácter oral.

La pretensión de Montero significaría que los interinos pasarían a ser funcionarios de carrera tan sólo con el primer examen, que suele ser aprobado por casi todos los opositores del turno libre porque no entraña una complejidad insalvable. La ministra está urgida por las masivas jubilaciones que se van a empezar a producir en la Administración Pública, «pero esta no es la manera de solucionarlo», señala Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. El Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo ya instó a España a acabar con el fenómeno -particular por su número- de los interinos en España y  conminó a adoptar una solución. «La condición de interino es excepcional, se debe acabar cuanto antes con la temporalidad», señaló en su momento el órgano jurisdiccional de la Unión Europea. Pero, en puridad, esto abocaría a que para ingresar en la Administración como funcionario de carrera los interinos estuvieran obligados a cumplir las mismas condiciones que los que se presentan a la oposición por el turno libre.

Las intenciones de Hacienda, que aparecen claramente insinuadas en el anteproyecto de ley de la Función Pública, afectan a todos los altos cargos de la Administración. No sólo los inspectores de la Agencia Tributaria están concernidos, sino también otros cuerpos del Estado como los arquitectos, los interventores, los inspectores de Trabajo, etcétera. «Nuestra intención es barajar con Fedeca (la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado) las acciones que se pueden adoptar para impedir el propósito del Ejecutivo», asegura Ana de la Herrán. El riesgo más importante que ven en el blanqueo de los interinos es «la clara politización de la Administración». «Si los conviertes en funcionarios de carrera por una decisión claramente arbitraria te deberán un favor de por vida, y esto al final mina la independencia que debe guiar a los altos cuerpos del Estado en todas sus actuaciones».

Además de este último conflicto sobre los interinos, los altos funcionarios hace tiempo que están enfrentados a la ministra por su intento «descarado» de rebajar drásticamente el nivel de promoción interna y de acceso general a la profesión, que abre la puerta al predominio de la subjetividad a la hora de la valoración de los méritos y, en consecuencia, a la politización de los funcionarios, que hasta ahora han estado al margen de la disputa partidista. María Jesús Montero ha firmado un acuerdo con los sindicatos en el que se rebajan las exigencia precedentes para la promoción interna dentro de la Administración.

Según los altos funcionarios, el citado acuerdo contempla una promoción interna basada, principalmente, en un test y en otros elementos subjetivos difícilmente evaluables y medibles, «lo cual es del todo inadecuado para la pertenencia a unos cuerpos que tienen que ocupar los puestos de mayor responsabilidad de la Administración, tanto en materias de gestión pública como de asesoramiento a los órganos políticos sobre los límites técnicos y jurídicos de sus decisiones. En caso de llevarse a término, este modelo supondrá una drástica merma de las capacidades, conocimientos y méritos para el desempeño de dichas responsabilidades, afectando negativamente a la captación de talento para el servicio público y a la solvencia profesional de sus funcionarios. El acuerdo está recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

La Asociación de Inspectores de Hacienda presentó antes de fin de año un recurso contra el acuerdo alcanzado por la ministra María Jesús Montero y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF -sin representación en esta clase de funcionarios- para modificar los planes de acceso a los altos cuerpos de la Administración, rebajando notablemente el nivel de las oposiciones y dando paso a su eventual politización.