Los Técnicos de Hacienda exigen que las cuentas de Diplocat deben ser lo más transparentes posible

Este miércoles la Comisión Mixta determinará si el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar la acción del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, más conocido como Diplocat. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) exige que “las cuentas tienen que ser lo más transparentes posibles”.

En declaraciones a OKDIARIO, Manuel Redal, portavoz de GESTHA, ha celebrado que el PP quiera poner negro sobre blanco las cuentas de la internacionalización del ‘procés’. Redal asegura que “el Tribunal de Cuentas siempre hace los exámenes con un componente político”

El Partido Popular quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice la acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre los años 2011 y 2017. Los populares piden que se determine en qué se destinaron los recursos asignados a Diplocat. Algo que GESTHA, considera una tarea “muy difícil. Es complicado demostrar, técnicamente, si el dinero invertido ha dado sus resultados”.

3,2 millones de euros para una entidad que tan sólo contaba con 13 empleados propios

Con la aplicación del artículo 155, el Gobierno de Mariano Rajoy ordenó el cierre de las ‘embajadas’ catalanas en países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia. El Secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro precisó en el Senado el coste de algunas de esas ‘embajadas’ de la Generalitat. El total de nueve de ellas sumaba 6.163.000 euros.

Diplocat era una entidad público-privada al servicio de la Generalitat y que a lo largo de los años ha sido regada con subvenciones. La partida de este año llegó a sumar los 3,2 millones de euros, en una entidad que tan sólo contaba con 13 empleados propios.  Eltexto presentado por el PP, incide en que 2012 Cataluña ha sido la comunidad que más ayuda ha recibido, 70.709,9 millones, a través de los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos.

Según la información del Tribunal de Cuentas, entre los años 2001 y 2014, Cataluña copaba la mitad de las delegaciones, sedes u oficinas de representación de las comunidades autónomas en el exterior, y que el coste total de esta actividad ascendió a 79,06 millones de euros.