Hacienda carga contra las sicavs y elevará la recaudación con nuevas trabas a la inversión

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a poner la diana en los vehículos de inversión con las sicavs, y pretende elevar la recaudación con nuevas trabas a los inversores en este 2021. De este modo, la coalición socialcomunista ha propuesto en sus enmiendas en el Congreso de los Diputados fijar una serie de requisitos a las sicavs que busquen tributar en el Impuesto sobre Sociedades al tipo de 1% y aplicar un régimen transitorio libre de impuestos para socios que decidan reinvertir en otras sociedades.

Mediante estos requisitos, el PSOE pretende habilitar por ley a la Agencia Tributaria para que pueda comprobar estos requisitos por parte de las sicavs, obligando a estas entidades a mantener y conservar durante el período impositivo los datos correspondientes a la inversión de sus socios.

Gisela Turazzini, cofundadora de BlackBird, destaca que «esta medida es una clara cortina de humo, encerrada tras el rancio discurso de que paguen los ricos». Y continúa: «El problema de la sicav no está en los mariachis, está en la regulación absurda. En España existen los planes de pensiones como instrumento fiscalmente eficiente para el ahorrador retail, pero lo más eficiente sería crear cuentas de ahorro, que tengan exención fiscal, mientras el ahorro no salga de ella. Esto es muy habitual en Estados Unidos (EEUU) y es una solución que incentiva el ahorro y crea menos dependencia de la sociedad en las pensiones, que como sabemos es un problema».

Concretamente, el PSOE propone elevar los requisitos para que estas entidades puedan tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, actualmente fijado en la participación mínima de cien socios. La ausencia de una inversión mínima, argumenta el Gobierno, provoca que haya socios con participaciones testimoniales en favor de inversores principales. En este sentido, quiere que sólo se contabilicen en estos cien inversores aquellos que cuenten con acciones por valor mínimo a 2.500 euros o de 12.500 euros en el caso de que sea una Sicav por compartimentos, con una duración de al menos las tres cuartas partes del período impositivo.

«Demonizar la sicav es absurdo, puesto que es un vehículo fiscalmente eficiente y que como cotiza, es accesible a cualquier minorista. Un minorista puede comprar acciones de una sicav en el mercado secundario, por lo que puede tener la misma gestión y/o asesoramiento que un ‘rico’», añade Turazzini.

Ante estas enmiendas, el PSOE propone un régimen transitorio de seis meses durante el año 2022 para los socios de aquellas sicav que acuerden su disolución y liquidación por esta razón, con el fin de facilitar el traslado de inversión a otras instituciones que sí cumplan los requisitos de acuerdo con la valoración establecida por la actual coalición en el Ejecutivo.

Tasa Tobin

Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo lleva ya tiempo buscando la manera de poner cada vez más trabas a la inversión, a través de impuestos como el de transacciones financieras, o tasa Tobin. De acuerdo con los últimos datos publicados, la Agencia Tributaria ha cifrado en 56 el número de empresas ­cotizadas españolas cuyas acciones presentan un valor de capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. La compra de títulos de ese grupo de empresas será gravada a partir del año que viene con el nuevo impuesto diseñado por el Gobierno de Sánchez.

La liquidación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, que entrará en vigor el próximo 18 de enero, comenzará el próximo 22 de febrero y se llevará a cabo de manera mensual en torno al día 20 de cada mes, de acuerdo con el calendario del contribuyente de 2021 publicado por la Agencia Tributaria.

A través de este nuevo impuesto el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Sin embargo, no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

«La realidad es que con este tipo de medidas el estado pretende eliminar la sicav y convertir que un patrimonio de 27.000 millones de euros se quede en el mercado fuera de los vehículos, de esta manera podrá recaudar más impuestos, de las transacciones bursátiles, ya sea mediante la tasa Tobin o mediante el impuesto de beneficios. Con esta medida, el Gobierno fomenta que cada vez sean menos los inversores institucionales que entren en el mercado y que den liquidez y financiación a las compañías que componen nuestra economía, a parte de imponer medidas absurdas y que no fomentan para nada la cultura del ahorro», remarca Turazzini.