De Guindos viaja al G-20 con una única misión: conseguir más tiempo para reducir el déficit

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, va a participar este fin de semana en la Cumbre del G-20 que se celebra en China. Su principal objetivo será convencer a las autoridades comunitarias de que no impongan una sanción económica a España por el incumplimiento de los objetivos de déficit del pasado año, cuando el agujero de las cuentas públicas alcanzó el 5% del PIB, y lograr un año más para situarlo por debajo del 3%. Para ello mantendrá una reunión con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Tanto De Guindos, como el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, han manifestado su convencimiento de que España no será multada por incumplir sus compromisos presupuestarios. La normativa establece una sanción del 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros en el caso español) y la posibilidad de congelar una parte de los fondos comunitarios. Eso es lo que pretenden los ministros de Economía y Finanzas de la UE (el Ecofin) que han activado el proceso formal para sancionar a España. Sin embargo, todo puede quedarse en un apercibimiento verbal e, incluso, De Guindos puede lograr una prórroga de dos años para rebajar el déficit público por debajo del 3% del PIB, lo que no sucedería hasta 2018.

De hecho, tal como avanzó OKDIARIO, el ministro ya consiguió el pasado abril que la Comisión Europea diera un año extra a España para cumplir sus objetivos a cambio de nuevas medidas de ajuste. Esto motivó la revisión del plan de estabilidad y, posteriormente, la decisión del Gobierno de modificar la tributación del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para lograr 6.000 millones de euros adicionales en la segunda mitad de 2016.

Estas negociaciones se producen justo después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) haya dado un toque de atención al Ministerio de Hacienda, al considerar que es necesario aprobar medidas de ajuste extraordinarias que reduzcan la brecha fiscal en otros 5.000 millones de euros antes de que finalice el año, para cumplir así el objetivo prometido a las autoridades comunitarias en la última revisión del plan de estabilidad.

El Gobierno confía en cerrar 2016 con un déficit público del 3,6% del PIB, pero la AIReF señala que, sin nuevas medidas, la tasa será del 4,1%. Una cifra que puede escalar, incluso, al 4,7% del PIB. Europa pide a España que la tasa no sea superior al 3,7% del PIB al cierre de este año.

La decisión final sobre la sanción será adoptada el próximo 27 de julio, aunque fuentes comunitarias han explicado a OKDIARIO que pueda extenderse el plazo ante la falta de Gobierno en España. Precisamente esta es la cuestión clave a la hora de negociar con Bruselas: la parálisis política no permite la aprobación de medidas de ajuste adicionales en los próximos Presupuestos Generales del Estado, que deberán estar listos en septiembre.