Guerra abierta PDeCAT-ERC por la intención de la Generalitat de acabar con Uber y Cabify

El intento de capar la actividad de Uber y Cabify que está llevando a cabo la Generalitat ha derivado en una guerra abierta entre las Consejerías de  Territorio y Sostenibilidad y de Economía. La primera, dirigida por Damià Calvet (del PDeAT y próximo a Carles Puigdemont) ha prometido a los taxistas que redactará antes de febrero unas medidas legales que acabarían ‘de facto’ con Uber y Cabify en Barcelona: obligarles a contratar al menos con 6 horas de antelación y a volver a la base después de cada servicio.

La segunda consejería, dirigida por Pere Aragonès (a la sazón vicepresidente del gobierno de Quim Torra y miembro destacado de Esquerra Republicana de Catalunya) se muestra preocupada por que estas regulaciones a favor de los taxis salgan adelante y puedan derivar en una responsabilidad patrimonial por la que la Generalitat tendría que afrontar 1.000 millones de euros en indemnizaciones.

Desde ERC e incluso desde sectores próximos a la antigua Convergència se exhorta al gobierno catalán a que no ceda al «chantaje» de los taxistas

Según fuentes conocedoras de las negociaciones, tanto desde ERC como desde el entorno de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se está exigiendo al gobierno autonómico que no ceda al «chantaje» de los taxistas que puede costar más de 1.000 millones de euros, unas cifras que salen de calcular las indemnizaciones que calculó la consultora E&Y para el sector VTC en caso de cambiar las condiciones jurídicas. Actualmente el real decreto ley aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso de los Diputados en octubre establece cuatro años de moratoria en los que en teoría no podrían cambiarse las condiciones de trabajo.

ERC no recibe a los taxistas

Prueba del enfrentamiento que tienen las dos facciones del Gobierno es que Aragonès no ha recibido al grupo Elite Taxi, dirigido por su líder Tito Álvarez, desde el pasado verano en que lideraron una revuelta taxista que colapsó las principales ciudades en plena temporada de vacaciones. Es más, la autoridad catalana de competencia (ACCO), que depende orgánicamente de Aragonès, ha anunciado que impugnará el reglamento publicado por la Autoridad Municipal de Barcelona (AMB), controlada por Ada Colau y que anuncia estas restricciones a Uber y Cabify.

Mientras tanto, Elite Taxi amenaza con escraches y presión a Aragonès para que ceda a sus pretensiones y siempre con la idea de ‘bloquear’ el Mobile World Congress que celebrará Barcelona un año más a finales de febrero.

Este sindicato ya ha conseguido presionar con notable éxito durante el pasado año primero a la alcaldesa de Barcelona, posteriormente al ministro de Fomento José Luis Ábalos, y está repitiendo la misma estrategia con Calvet, que según fuentes conocedoras del asunto prefiere ceder para ahorrarse problemas innecesarios en la calle.

Así las cosas, el partido supuestamente heredero de la liberal CDC se muestra a favor de la restricción total de la competencia en el transporte terrestre de vehículos de menos de 9 plazas, mientras que el presuntamente partido izquierdista ERC está en contra. Así es la situación actual de la política en Cataluña.