Varapalo a Ribera por las renovables: la justicia de EEUU abre la puerta al embargo de bienes a España

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 27/09/2024 10:11
  • Actualizado: 27/09/2024 12:28

La justicia de Estados Unidos acepta un laudo arbitral que favorece a una de las compañías afectadas por la retirada retroactiva de las renovables y asesta un duro golpe a España, porque abre la puerta a que puedan realizarse embargos de bienes de nuestro país en Estados Unidos para pagar las demandas.

Importante derrota judicial para España y para Teresa Ribera, que todavía, como ministra, deberá enfrentarse al hecho de no llegar a ningún acuerdo para frenar estos pleitos millonarios. Un tribunal federal de los Estados Unidos ha autorizado la ejecución de un laudo arbitral que favorece a una de las compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. Con este fallo, ligado al caso que afecta a la japonesa JGC Corporation, la empresa podrá iniciar procedimientos para la recuperación del dinero pendiente de pago a través del embargo de activos comerciales de España en territorio estadounidense.

El caso se originó tras una serie de cambios regulatorios en el sector energético español que, según el laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), violaron las condiciones de seguridad jurídica a las que se sujetó España al firmar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Esta decisión otorgó a JGC el derecho a percibir una compensación de 23,51 millones de euros, además de los intereses de demora derivados de cualquier retraso en el pago y el reembolso de los costos legales del proceso sobre las reclamaciones por los cambios de ley realizados en las renovables en España. El arbitraje, que giró en torno a dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía, arrancó en 2015 y llegó a su fin en 2021. La negativa del gobierno a pagar la indemnización pertinente ha obligado a los afectados a tomar medidas.

Ahora, en la sentencia que acaba de emitir, la Corte de Distrito de Estados Unidos rechaza los argumentos de España que alegaban la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la incompatibilidad del laudo con la legislación de la Unión Europea. Ni siquiera se centraba en recurrir el fallo sobre las renovables, puesto que era una vía agotada. La magistratura estadounidense ha entendido que el laudo debe ser reconocido y ejecutado de la misma manera que una sentencia emitida por la justicia del país norteamericano, conforme dicta la legislación en vigor y los compromisos internacionales asumidos por los países firmantes del Convenio CIADI, que se comprometen a reconocer y registrar los laudos para garantizar su pago y evitar incumplimientos.

La decisión dictada por el juez Rudolph Contreras avanza en la línea que marcó la Corte de Distrito este mismo verano, cuando emitió un fallo en el que tumbaba la pretensión de España de detener este tipo de denuncias alegando que la justicia estadounidense debería quedarse al margen de estas cuestiones. Con el fallo del caso JGC, se refuerza la capacidad de los inversores afectados para hacer valer sus derechos en suelo estadounidense y se abre la puerta a nuevos procedimientos de embargo similares a los que ya afectan a España en Bélgica y Reino Unido.

El proceso de identificación de activos embargables ha aflorado bienes por valor de más de 5.000 millones de euros. Cabe recordar, por otro lado, que la Corte Suprema de Australia también ha fallado contra el Reino de España y, aunque de momento no se han puesto en marcha procedimientos de incautación de bienes en el país oceánico debido a que las empresas afectadas han priorizado otras actuaciones, esta puerta también está abierta.

Sobre el caso:

El laudo arbitral surge de una inversión en plantas solares térmicas en España, realizada bajo la promesa de un régimen de primas que luego fue modificado de forma retroactiva por el gobierno español. Esta alteración llevó a la empresa japonesa a acudir a un arbitraje internacional, donde se determinó que España había incumplido sus obligaciones de brindar un trato justo y equitativo a las inversiones extranjeras. La decisión del tribunal estadounidense marca un hito significativo en la defensa de los derechos de los inversores y en la aplicación de los laudos arbitrales internacionales en Estados Unidos.

Sobre el monto total adeudado a los inversores afectados:

Además del caso que afecta a JGC, hay otras 25 laudos que condenan a España y siguen pendientes de pago. En total, las obligaciones ascienden a 1.562 millones en concepto de indemnizaciones, amén de otros 321 millones de sobrecostes derivados de los intereses de demora y las condenas en costas. Los afectados reclaman al gobierno de España una salida negociada que acabe con los incumplimientos, permita reactivar la inversión «verde» en España y ponga fin al bochorno internacional provocado por los embargos.

Sobre el papel de Teresa Ribera:

La inseguridad jurídica en torno a las inversiones en energías renovables emana de los cambios regulatorios y fiscales adoptados entre 2010 y 2014, pero ha sido la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha incurrido en el impago de laudos cuyas decisiones firmes y vinculantes obligan a España a resarcir a las empresas que sufrieron un deplorable trato por parte del Estado español y vieron cómo se esfumaba parte importante de la rentabilidad asociada a numerosos proyectos de energía renovable valorados en 70.000 millones. La actitud de Ribera hacia los afectados ha sido muy decepcionante y cuestiona su capacidad como posible comisaria europea, no solamente por su trato hacia estas empresas pioneras de la transición ecológica, sino también por el posible conflicto de intereses que se deriva de la situación de su marido, Mariano Bacigalupo, en la CNMV.