El Gobierno subirá impuestos para garantizar las pensiones

La falta de sostenibilidad del modelo del sistema de pensiones actual es un hecho hasta para los responsables de mantenerlo a flote. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha puesto hoy las cartas sobre la mesa y ha anunciado que el agujero de la Seguridad Social lo cerrará el Estado mediante dinero público, lo que anticipa nuevas subidas impositivas en los próximos años y más emisiones de deuda.

En el debate presupuestario que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, el ministro ha querido tranquilizar a los más de 9 millones de pensionistas que hay en España con un nuevo guiño electoral, al señalar que el cobro de las pensiones «no se puede poner en duda» y que el Estado «garantizará»  el pago de las mismas mediante aportaciones de fondos públicos externos a la caja de la Seguridad Social, que cerrará el año con unos números rojos de 15.000 millones de euros.

Este anuncio se produce días después de que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, apuntara la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con impuestos y no mediante cotizaciones sociales, como se hace en la actualidad, perdiendo su carácter contributivo. El coste actual de las pensiones de viudedad, orfandad y de familiares ronda los 24.000 millones de euros al año que tendrán que ser financiados mediante impuestos presentes o futuros (si el Gobierno decide sustituir el golpe fiscal por nuevas emisiones de deuda).

De esta forma el Gobierno mueve ficha tras el terremoto producido por el gobernador del Banco de España, que el pasado junio recomendó a las españoles que contraten fondos privados de pensiones porque el sistema público «no va a garantizar el nivel actual» de las mismas.

Lo que no está en absoluto en la agenda de ninguno de los partidos políticos es plantear una reforma de calado mediante la cual el sistema de reparto se convierta progresivamente en un modelo de capitalización. Ninguna formación está dispuesta -bien por ideología, bien por coste electoral- a realizar un cambio estructural que pueda garantizar el futuro de las pensiones, especialmente para las generaciones más jóvenes y con rentas más bajas, que tienen una menor capacidad de ahorro para poder complementar el sistema público actual.

¿Hay alternativa al modelo de reparto?

El sistema de pensiones público se enfrenta a un escenario demográfico que no permitirá su supervivencia en el largo plazo si mantiene su estructura actual. Y no se trata de un problema nuevo: los distintos Gobiernos han ido aprobando parches que no han solucionado el problema, sino que lo han aplazado en el tiempo elevando la edad de jubilación y los periodos de cotización. Con todo ello sólo se logra maquillar temporalmente la falta de sostenibilidad del sistema.

Si a estas recetas se suman las subidas fiscales, entonces se ahuyenta al capital, que es imprescindible para garantizar los ingresos vía cotizaciones sociales: si se persigue a los inversores esto repercute negativamente en el empleo, destruyendo la principal vía de financiación del sistema de reparto. La única solución, atendiendo a criterios de responsabilidad y prudencia, es diseñar un modelo mixto en el que el sistema de reparto se complemente con otro de capitalización, en línea con lo realizado en países como Suecia en los años noventa.