El Gobierno solicita el trámite urgente para evitar una multa por la Ley Hipotecaria

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ya avanzó esta semana que este viernes se adoptaría el trámite de urgencia de la Ley Hipotecaria, para recibir dictamen del Consejo de Estado, con el objetivo de que el desarrollo de la ley pueda ver la luz antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril y «a tiempo» para evitar una multa millonaria antes de que el Tribunal de Justicia de la UE dicte sentencia por el retraso en la transposición de la directiva europea.

De esta forma, el Consejo de Ministros ha adoptado un acuerdo con el que solicita al Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del próximo 26 de abril, en relación con el proyecto de real decreto que desarrolla parcialmente la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en materia financiera.

Calviño explicó que el real decreto detallará aspectos técnicos como la formación, los registros, la comunicación de información entre notarios y entidades financieras y los tipos de formularios a rellenar.

Para la ministra el avance de la norma ha sido «muy positivo», ya que «la ley ha sido mejor que el proyecto de ley» al ser «más protectora de los ciudadanos» e incluir un mayor número de meses de impago antes de los desahucios y menores intereses por demora.

Las nuevas condiciones para la concesión de hipotecas entrará en vigor finalmente a mediados del mes de junio, tras su publicación el pasado sábado 16 de marzo de la nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva ley establece, entre otras cuestiones, el reparto de gastos entre la entidad financiera y el consumidor, un abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada, o el aumento de los meses de impago antes de que se ejecute un crédito.

La ley sirve para trasponer una directiva para la cual España ya acumula un retraso de tres años, ya que el plazo para trasponer esta directiva acabó en marzo de 2016, razón por la que la Comisión Europea inició en su momento un procedimiento de sanción. Este puede derivar en una multa de 105.991,6 euros por cada día de retraso, más de 116 millones de euros en total.