El Gobierno planea incluir sanciones a propietarios en la Ley de Vivienda como pide el sindicato catalán

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este lunes que el Gobierno está abierto a negociar sobre la Ley de Vivienda y, en concreto, sobre la posibilidad de introducir sanciones a los propietarios que la incumplan.

La ministra ha explicado que esa fue una de las peticiones que le trasladó el Sindicato catalán de Inquilinos, cuyas reivindicaciones le parecieron «razonables» y que estudiará. También ha avanzado que buscarán «los máximos consensos posibles» con los grupos políticos para sacar adelante el proyecto de ley, y ha lamentado que tanto Ciudadanos como PP hayan rechazado por adelantado darle apoyo.

«El texto que hemos propuesto es un buen texto. Podemos asumir enmiendas que se presenten por los grupos políticos y por los colectivos», siempre y cuando se respete la distribución competencial con las comunidades autónomas, ha recalcado Sánchez en una entrevista en Ràdio 4.

Pide la renovación de CGPJ

Sobre el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la ministra ha dicho que el Gobierno tiene al respecto «informes de juristas de reconocida competencia que aseguran que esta ley no vulnera ninguna competencia».

En ese sentido, ha asegurado que el CGPJ es un órgano que «haría bien en renovarse, que sería el primer síntoma de normalidad», y ha sostenido textualmente que hizo valoraciones más políticas que técnicas.

Por otro lado, la ministra ha detallado que estudian también si prorrogar o no más allá del 28 de febrero las medidas de escudo social que incluían una moratoria en los desahucios por la pandemia. A este respecto ha señalado que estas medidas se establecieron cuando «se dieron circunstancias excepcionales y particulares que ahora no se dan».

Aprobación de la Ley de Vivienda

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de febrero el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia.

En su día, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha referido a ese informe que el Gobierno ha estudiado «con respeto absoluto a las consideraciones» y ha señalado que se han «incorporado comentarios» para «clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica».