El Gobierno obligará a los vehículos de Uber y Cabify a llevar una matrícula diferente

Las empresas como Uber y Cabify, de alquiler de vehículos de transporte con conductor (VTC), tendrán la obligación de plasmar en un registro público todos los servicios de transporte que contraten y de llevar una matrícula que les diferencie de las de los taxis, según informó el Ministerio de Fomento.

Se trata de medidas que el Gobierno implementará por Real Decreto para reforzar el control a este sector, ante la demandas de intrusismo y competencia desleal manifestadas por el gremio de los taxistas.

Así, las firmas de VTC deberán dar cuenta en un «registro electrónico público» de cada servicio de transporte que les encargue un cliente «de forma previa a su prestación».

Con ello, se pretende garantizar que las empresas cumplan lo establecido en la legislación, esto es, que formalicen el preceptivo contrato para cada servicio con un cliente y que no capten viajeros circulando por las vías públicas o estacionados en puntos de concentración de demanda, como son aeropuertos o estaciones de tren.

También se pretende evitar que las empresas de VTC sobrepasen el límite de servicios de transporte fuera de su comunidad autónoma que está permitido por ley, fijado en un 20% de total de sus servicios trimestrales.

Esta medida se suma a la ya anunciada por el Gobierno, que consiste en prohibir que estas compañías vendan las licencias de VTC durante al menos los dos años siguientes a su consecución.

En este caso, el fin de esta incitativa es que las empresas destinen las licencias a prestar servicio y no a venderlas, para evitar así la eventual ‘burbuja’ especulativa que se puede generar con la compraventa de las alrededor de 10.000 licencias VTC que se espera se concedan en los próximos meses por resolución judicial.

En virtud del Real Decreto, que Fomento tramitará por la vía de urgencia, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna también promoverá un cambio normativo para que los coches de las empresas de VTC lleven una matrícula distintivamente diferente a la de los taxistas.

Con este paquete de iniciativas el Ministerio pretende atajar la ‘guerra abierta’ entre las firmas como Uber o Cabify y el taxi, que en los últimos meses ha conllevado manifestaciones y huelgas del gremio de taxistas e incluso ha provocado altercados entre profesionales de los sectores, como los acontecidos este verano en Málaga.

Fomento confía en que las medidas, pese a que todas ellas se centran en las empresas de VTC, contribuyan así a «garantizar una convivencia ordenada y equilibrada entre los dos sectores», dada su «relevancia para la movilidad ciudadana».

La ‘guerra’ desatada este año entre los dos tipos de empresas deriva de la cascada de licencias de VTC que se están concediendo por vía judicial, fruto de un vacío legal registrado entre 2009 y 2013, que llevarán a superar el ratio de una VTC por cada 30 taxis fijado en la legislación.

Según cálculos de distintos ayuntamientos, en los próximos meses podrían concederse unas 10.000 nuevas licencias al sector del VTC, con lo que se triplicará así el número de autorizaciones que actualmente tiene este sector (unas 5.928), un volumen que, a su vez, ya multiplica por tres a las 2.188 que le correspondería en función del referido ratio legal.