El Gobierno obligará a los constructores a reservar un 30% de sus promociones para vivienda protegida

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 07/10/2021 18:34
  • Actualizado: 07/10/2021 19:25

La nueva Ley de Vivienda sigue dando que hablar, pero no trae buenas noticias. El acuerdo pactado por PSOE y Unidas Podemos incluirá la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. Esta propuesta comunista pretende que las constructoras y promotoras privadas agranden el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, y de ese porcentaje, la mitad a alquiler social para los más vulnerables.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha confirmado este jueves la medida. Esta obligación ha caído en el sector constructor y promotor como un jarro de agua fría, puesto que consideran que teniendo que reservar un porcentaje de sus promociones a vivienda protegida «no salen las cuentas. Ya tenemos nuestros planes de negocio cerrados y hemos hecho inversiones en compra de suelo para poder construir viviendas, ahora no será rentable», explican desde el sector.

De momento, se desconoce cómo se aplicará dicha medida y si tendrá efecto para toda obra nueva. Al igual que otras muchas propuestas incluidas en la Ley de Vivienda, esta imposición ya ha sido aplicada con anterioridad en otras zonas y no ha conseguido el efecto buscado; sino todo lo contrario.

En concreto, esta medida fue aprobada por Ada Colau en Barcelona en 2018. Desde entonces los promotores deben reservar el 30% de cada promoción a vivienda protegida, lo cual ha tenido un efecto nefasto en el sector residencial barcelonés. La Asociación de Promotores de Cataluña asegura que se ha producido una reducción de la actividad constructora en la ciudad condal.

El sector, en contra

Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), afirman que la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social- producirá «una reducción de la inversión y un claro efecto de expulsión de la inversión, tanto nacional como extranjera, desplazándose estas entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma e incluso abandonando el país en función de lo afectada que pueda verse la seguridad jurídica en el texto definitivo de la ley».

Por su parte, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) apunta que esta medida puede traer al mercado español de alquiler efectos negativos, similares a los que ha dejado en Cataluña. En concreto, calculan que desde que entró en vigor la ley, en la región el 55,3% de los promotores y constructores ha parado la inversión esperando un nuevo escenario; mientras que un 31,6% ha reducido su inversión y un 3,1% ha trasladado su inversión a otro territorio. «Estos datos reafirman la previsible reducción de la oferta, la actividad y el empleo», adelanta ASPRIMA.

Desde el sector consideran que esta medida conseguirá el efecto contrario: el parque de vivienda de alquiler dejará de crecer. Por otro lado, defienden que dicha imposición es anticonstitucional y atenta contra la propiedad privada. Además, defienden que no se puede trasladar al sector privado la responsabilidad de la administración, que es crear un gran parque de vivienda pública.

“Si esta medida sigue las tomadas por el Ayuntamiento de Barcelona provocará el mismo resultado que en dicha ciudad: la paralización de nuevas promociones”, comenta Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora inmobiliaria Colliers.