El Gobierno con el mayor paro juvenil de Europa celebra que el 11% retrase su jubilación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este lunes que, «gracias a los incentivos y mejoras de la modalidad de jubilación flexible, las jubilaciones demoradas ya suponen el 11% de las nuevas altas de jubilación». Es llamativo, cuanto menos, que el mismo Gobierno que se congratula de reducir la jornada laboral, y que registra una de las mayores tasas de paro juvenil de Europa manifieste su satisfacción porque las jubilaciones demoradas aumenten.

La jubilaciones demoradas impactan significativamente sobre el relevo generacional y en las condiciones laborales, generando rigidez en el mercado laboral, en el que los jubilados que deberían salir de él permanecen más tiempo, y los jóvenes que deberían incorporarse a este no logran entrar. Además, las condiciones laborales de aquellos que consiguen un trabajo  son mucho más precarias.

Durante su intervención en unas jornadas organizadas por CaixaBank, Saiz ha compartido esta cifra con gran satisfacción, pues, según la ministra es una «buena señal» para el sistema de pensiones y para la economía en general, que «desde la voluntariedad y no por necesidad económica», los trabajadores de más edad decidan seguir trabajando en lugar de jubilarse.

Si bien las jubilaciones demoradas pueden dar tregua al sistema de pensiones a corto plazo, en el medio y largo plazo pueden agravar el problema de falta de trabajadores jóvenes que cubran el reemplazo generacional, algo fundamental para que el sistema de pensiones español no colapse.

«Somos muy conscientes de que el talento sénior es una oportunidad económica y no podemos despreciar ningún tipo de talento. El talento no conoce ni de clase social, ni de origen étnico, ni de edad. Así que, como sociedad responsable, debemos de cuidar el talento y, por supuesto, el sénior», ha subrayado Saiz, si bien parece que se ha olvidado del «talento junior».

La ministra ha asegurado que, según datos de Eurostat, en el entorno europeo la edad media de jubilación está en torno a los 61 años, mientras que en España se está «un poquito por encima» de los 65 años, concretamente, en 66 años y 8 meses (y camino de los 67 años para 2027). Por otro lado, los datos de Eurostat también señalan a España como el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo juvenil, con un porcentaje del 25,3%, sólo por detrás de Rumanía y Suecia.

Así, en contraposición a las declaraciones de la ministra de Inclusión, la edad sí que es un condicionante, al menos cuando se trata de las oportunidades laborales de población joven.

Saiz ha insistido en que, gracias al Pacto de Toledo, que este año cumple su 30 aniversario, el sistema de pensiones en España es sostenible. «Llevamos treinta años escuchando eso de que el sistema se va a romper, no nos va a llegar, y vemos que día a día, con veracidad, con esfuerzo colectivo, de país, estamos haciendo un sistema de pensiones sostenible», ha remarcado.

En el año 2023, el déficit real del sistema de pensiones en España fue de unos 55.919 millones de euros (si solo dispusiera de los ingresos por cotizaciones sociales), lo que supone un 3,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español, según el informe «La Situación Financiera del Componente Contributivo de las Pensiones Públicas en 2023» publicado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Este déficit es cubierto por el Gobierno para que el sistema no colapse, aumentando la presión fiscal sobre la población.

La ministra ha defendido que las últimas reformas del sistema de pensiones, que siguen las recomendaciones incluidas «en esa especie de isla de paz y amor» que ha sido el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, está «dando certidumbres a los pensionistas de hoy y de mañana», pero no a los de pasado.

Las reformas de las que habla la política, como el aumento de la edad de jubilación, las medidas de «jubilación flexible», y el endeudamiento son parches a un sistema cuyo colapso viene marcado por un cambio cultural (disminución de la natalidad) y demográfico (aumento de la esperanza de vida) que requieren el rediseño del sistema desde la base.

Saiz ha dicho que el Gobierno es consciente de que se avecinan en los próximos diez años cuatro millones de jubilaciones de los llamados baby boomers, lo que incrementará el gasto en pensiones. «Pero es que también estamos alimentando el lado del ingreso», ha indicado.

«La reforma de las pensiones está hecha con unos parámetros que miran a 2050. Somos conscientes de que en los próximos años va a ser exigente ese compromiso con el gasto (…) Haremos frente a esa exigencia que viene con la jubilación de los baby boomers, pero evidentemente la mirada está puesta en el largo plazo», ha añadido.

En contraste con las afirmaciones de Elma Saiz, el sistema de pensiones español según los datos de FEDEA, tiene unas obligaciones de pago ya adquiridas que ascienden a unos 6,61 billones de euros (5,46 veces el PIB de 2021) y unas expectativas de ingresos de 4,14 billones de euros (3,42 veces el PIB de 2021). Es decir, a largo plazo, el sistema tiene un déficit estructural de 2,47 billones de euros, que hacen de él un sistema de con una baja expectativa de viabilidad.