Economía
Rescatada por 53 millones de euros

El Gobierno evita contestar al PP en el Congreso en su ofensiva sobre el escándalo de Plus Ultra

  • Andrea Aguado
  • Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.

El escándalo por el rescate a Plus Ultra continúa y se hace mayor conforme se van conociendo los datos de la compañía aérea. Ante este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ignorar las preguntas del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados sobre la la asignación de 53 millones de euros del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En concreto, Agustín Almodóbar Barceló, diputado por Alicante, e Isabel Borrego Cortés, diputada por Murcia pertenecientes al grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados -al amparo de lo dispuesto en el artículo 185- registraron cinco preguntas al Gobierno sobre el rescate a la aerolínea con conexiones chavistas. Unas preguntas a las que el Ejecutivo ha hecho oídos sordos y ha contestado con varias comparecencias de la Ministra de Hacienda, María Jesus Montero, en el Pleno de Congreso de los Diputados -según el diario de sesiones-.

«En relación con las preguntas formuladas, se informa que el Gobierno se remite a las intervenciones de la Ministra de Hacienda, María Jesus Montero, en los Plenos del Congreso de los Diputados del pasado 17 y 24 de marzo, en los que contestó varias iniciativas sobre este tema», responde el Ejecutivo a las preguntas de los populares en un escrito al que ha tenido acceso este diario.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el pasado 24 de marzo que Plus Ultra es una de las 20 aerolíneas españolas con licencia tipo A, «compañías esenciales para el sostenimiento» del ‘hub’ del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Asimismo, añadió que «no es un criterio de exclusión de ninguna empresa» los «supuestos amigos o supuestas conexiones» que tengan los accionistas, justificando, así, las conexiones con el régimen de Nicolas Maduro.

Un respuesta que no contesta las preguntas registradas por populares, a las que ha tenido acceso OKDIARIO: «¿Qué representa para el turismo español la compañía Plus Ultra rescatada por el Gobierno con la cifra 53 millones de euros? ¿Cuáles son los criterios estrictos que ha primado el Gobierno para proceder a rescatar a la aerolínea Plus Ultra mediante la concesión de 53 millones de euros? ¿Qué carácter estratégico para el modelo turístico español presenta la compañía aérea Plus Ultra rescatada con 53 millones por el Gobierno?», cuestionan los populares.

«¿Cuál es la aportación de la compañía Plus Ultra al funcionamiento del turismo español para haberle otorgado la cantidad de 53 millones de euros por parte del Gobierno de España? ¿Cómo valora el Gobierno que mientras cientos de miles de autónomos y pymes españolas, -que llevan prácticamente un año sin poder registrar actividad ni generar ingresos-, no estén recibiendo ayudas directas por parte del Gobierno, y sin embargo se acuerda rescatar a una compañía que representa menos del 1% del tráfico aéreo español con una inyección pública de 53 millones de euros?», preguntan al Gobierno.

Vetar a las empresas sin beneficios

El escándalo de Plus Ultra ha obligado al PP a presentar una enmienda para vetar del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a toda empresa que no obtuviera beneficios antes de la pandemia de Covid-19, esto es, en el ejercicio 2019.

Así consta en las enmiendas que los ‘populares’ han registrado en el Congreso al decreto ley que regula este fondo, cuyo funcionamiento han criticado en reiteradas ocasiones, especialmente a partir del rescate a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros.

Desde esta formación cuestionan si es estratégica su propia solvencia, una de las características que se presume para poder optar a este tipo de operaciones, entre las que se prevé instrumentos tales como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.

En la justificación de la enmienda, el PP argumenta que esta exigencia a empresas que se beneficien del fondo de solvencia es exactamente el mismo requisito que se exige a las pymes y autónomos para poder beneficiarse de las ayudas directas recientemente aprobadas por el Gobierno.