El Gobierno destinará sólo 5.000 de los 11.000 millones que anunció Sánchez a ayudas directas

El Gobierno español tiene previsto conceder apenas 5.000 millones de euros en ayudas directas a las pymes, según ha avanzado la agencia Reuters. Citando a un portavoz del Ejecutivo, la agencia dice que otros 1.000 millones de euros -del plan de 11.000 millones que anunció Sánchez en el Congreso de los Diputados- serán inyecciones de capital.

El resto de las ayudas, 5.000 millones de euros, estarán destinadas a reestructuraciones de los préstamos con aval del Estado, según las informaciones que están ahora mismo sobre la mesa. Es decir, que 5.000 millones irá destinado a las quitas de los ICO que se concedieron en el peor momento de la pandemia. Las empresas no pueden pagar ahora los préstamos que se empezaron a conceder hace un año.

Es muy llamativo que, aunque en un primer momento se interpretó que el Gobierno daría 11.000 millones en ayudas directas, lo que elevó el ánimo de muchos autónomos y pymes que están afrontando graves dificultades, finalmente desde el Ejecutivo rebajaron expectativas y avisaron que el plan incorporaría también rebajas fiscales o incentivos que no mejoraría directamente la solvencia de las empresas en crisis.

Sin embargo, los sectores más afectados opinan que sin abultadas ayudas directas será imposible que muchos de ellos sobrevivan a la crisis del coronavirus.

Las primeras ayudas directas del Gobierno llegan un año después de que estallara una pandemia que, en un principio, el Ejecutivo negaba, tal y como se pudo ver por la masiva manifestación del 8-M de la que este lunes se cumple un año.

Los 5.000 millones en ayudas directas, a la espera del decreto final que apruebe este martes el Consejo de Ministros, difieren del plan que exige el principal socio del PSOE en el Gobierno, Podemos. La formación morada exige que el dinero que se movilice para la hostelería y el turismo ascienda a 8.000 millones, lo que ha provocado un enfrentamiento entre la vicepresidenta Nadia Calviño, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

De todas formas, habrá que esperar a la letra pequeña del plan de ayudas que movilizará el Ejecutivo ya que, por ejemplo, las quitas de los créditos ICO podrían ser voluntarias para la banca, que se rebeló la semana pasada contra las intenciones iniciales del Gobierno de que las reestructuraciones se hicieran de forma forzosa.

¿Qué pide el PP?

Mientras tanto, el grupo parlamentario del Partido Popular ha pedido extender seis meses más, hasta el mes de septiembre, la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores para empresas con plan de viabilidad y que concluye el próximo día 14 de marzo. El Gobierno probablemente haga caso este martes a esta exigencia del principal partido de la oposición.

El PP ha incluido esta propuesta en una proposición no de Ley registrada el lunes en el Congreso con distintas medidas urgentes para evitar la quiebra de empresas viables.

En noviembre, el Gobierno amplió hasta este mes de marzo la suspensión de este deber, es decir la moratoria para que las empresas insolventes se declaren en concurso de acreedores, informa Efe.

Junto a esta medida, el Partido Popular insiste en la necesidad de crear un fondo de apoyo financiero y capitalización de empresas para inyectar directamente liquidez por al menos 50.000 millones y, para las empresas no viables, pide al Ejecutivo que facilite la venta de unidades productivas singulares. Es decir, que el plan de Sánchez es casi 5 veces menos abultado que el que reclama la oposición en la Cámara Baja.