El Gobierno demora a principios de 2018 las medidas para regular el taxi y las VTC

El Ministerio de Fomento espera aprobar «a principios de 2018» las medidas que prepara para ordenar el sector del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el de empresas como Uber y Cabify, frente a la estimación inicial de tenerlas listas antes de fin de año.

Así lo indicó el secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, Julio Gómez-Pomar, quien atribuyó la demora al hecho de que se aprobarán a través de un Real Decreto «de tramitación larga», esto es, que requiere información pública y dictamen del Consejo de Estado.

El ‘número dos’ de Fomento manifestó no obstante su convencimiento de que las medidas que incluye contribuirán a «la ordenación y la convivencia» de los dos servicios de transporte.

Gómez-Pomar asegura asimismo que el Gobierno, en cuanto a la legislación de estos sectores, está «al límite de lo que puede hacer para no atentar a las normas de competencia».

Además, remarcó que el Ejcutivo carece de capacidad alguna de legislar ante las licencias de VTC que los tribunales están concediendo como consecuencia de la desregulación del sector entre los años 2009 y 2013.

En la misma línea, respecto a la evolución del número de licencias de taxi, indicó que la competencia para conceder autorización de dicho servicio corresponde a los ayuntamientos.

El secretario de Estado recordó las medidas que Fomento ultima para regular los dos sectores ante las alrededor de 10.000 licencias que el VTC obtendrá en los tribulanes los próximos meses, que harán sobrepasar con mayor diferencia que en la actualidad la proporción fijada desde 2015 por ley, que establece que circule una VTC por cada treinta taxis.

Así, remarcó que el Real Decreto prohibirá a las VTC vender sus licencias en los dos años siguientes a su consecución y la articulación de un registro público de sus servicios para garantizar que cumplen el requisito de contratación previa.

Este registro se cotejará con los datos de las comunidades y los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia de inspección, para que puedan ejercerla.