El Gobierno carga otros 50 millones en tres años al presupuesto para subir el salario a empleados públicos
El Gobierno y los sindicatos han firmado este lunes el IV Convenio único para el personal laboral, que beneficiará a unos 40.000 trabajadores y que implicará una subida lineal del salario de 280 euros anuales y una mejora de las tablas salariales, entre otras medidas, con cargo a los fondos adicionales.
La subida salarial para la categoría más baja este año superará el 9 % y ascenderá al 11 % si se tiene en cuenta el repunte aplicado a todos los empleados públicos a principios de año (2,25 %) y al 14 % en 2020 también incluyendo el repunte general, según han explicado en la presentación del convenio con el Ministerio de Meritxell Batet.
De esta manera, el personal laboral que menos cobra recibirá 1.136 euros mensuales tras el acuerdo y podrá llegar a casi 1.200 euros en 2020 si se dan los repuntes variables máximos previstos en el acuerdo salarial de los empleados públicos.
El acuerdo, que supondrá una mejora salarial media del 5,5 % incluyendo el repunte general, contempla una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efecto desde el 1 de enero de 2018, con lo que una vez que entre en vigor el convenio los trabajadores cobrarán los atrasos con efecto retroactivo.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha puesto en valor el convenio que mejora las condiciones laborales y retribuciones, con lo que se salda «una deuda con el personal laboral reconociendo su profesionalidad, compromiso con los ciudadanos y calidad».
El convenio es de aplicación al personal de la Administración General del Estado, así como la administración de justicia no transferida, la Seguridad Social, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Agencia Española de Protección de Datos, entre otras instituciones.
El convenio avanza hacia la homologación del personal laboral con el funcionario, establece un sistema retributivo complementario, homogéneo y completo y facilita la movilidad y el rejuvenecimiento de las plantillas.
El acuerdo, cuya vigencia arranca el 1 de enero de este año y vence el 31 de diciembre de 2021, también adecúa la clasificación profesional al marco educativo en vigor y contempla la posibilidad de que el personal laboral pueda acogerse a la jubilación parcial anticipada a partir de 2021.
Los sindicatos firmantes, CCOO y UGT, han valorado es «esfuerzo» para mejorar el salario de quienes menos cobran y el avance en el rejuvenecimiento de las plantillas al permitir la jubilación parcial, así como la agilización de la movilidad al establecer el concurso abierto y permanente.
Sin embargo, CSIF ha rechazado la firma al conseguir que deja fuera a la mayoría de los empleados públicos y que el acuerdo es improvisado e insuficiente.
Este lunes también se ha suscrito el acuerdo para el reparto de los fondos adicionales, que además de financiar la mejora salarial del personal laboral que menos cobra también servirá para mejorar el complemento de destino del personal dedicado a la atención al ciudadano y para reclasificar a trabajadores de instituciones penitenciarias.
En cifras, los fondos adicionales suponen unos 50 millones de euros entre 2018 y 2020, que se destinarán al convenio único (15 millones), la paga lineal del personal laboral (10 millones) y revisar retribuciones complementarias y desarrollo de carrera profesional (5 millones), junto a otras iniciativas.
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