El Gobierno aplaza el registro de viajeros dos meses tras la presión del sector turístico

El nuevo registro de viajeros que el Gobierno quiere imponer a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos iba a entrar en vigor el 1 de octubre. Sin embargo, las constantes quejas del sector turístico acerca de que implica recabar una gran cantidad de datos ha tenido éxito y el Gobierno ha accedido a retrasar este registro de viajeros durante dos meses.

Sin embargo, desde el sector se cree que el verdadero problema de fondo no se soluciona, ya que pedir tantos datos puede disuadir a los usuarios de registrarse, además de como indica CEHAT, este registro de viajeros «no cumple el principio de minimización de datos de la Unión Europea y no respeta la libre circulación de personas en la UE».

Como consecuencia, los hoteleros han mostrado su descontento y sostienen que la prórroga anunciada por Interior parece señalar a un problema de plazos de adaptación tecnológica, cuando se trata de un problema de contenido. De igual forma, la patronal hotelera española (CEHAT) subraya que el rechazo al Real Decreto es generalizado y unánime a nivel nacional y europeo.

No es un problema tecnológico

La patronal hotelera española manifiesta que, desde hace tres años, el problema de esta polémica norma no atiende a una cuestión de plazos o adaptación a la tecnología, sino que, como llevan tiempo apuntando los hoteleros, las principales preocupaciones del sector al respecto atendían a cuestiones como la incompatibilidad del texto con la normativa de la Unión Europea, a la inseguridad jurídica e imposibilidad de su cumplimiento al carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, a la desventaja competitiva que generaría la nueva normativa en el mercado nacional y europeo y a que a supondría una carga administrativa desproporcionada para los trabajadores del sector turístico, entre las principales razones.

A este respecto, la Confederación recuerda que el rechazo del Real Decreto 933/2021 ha sido generalizado y unánime desde el principio y ha ocasionado una enorme tensión en todos los sectores del turismo. De hecho, este profundo malestar dio lugar a la redacción de un documento conjunto de los hoteleros, de las plataformas de intermediación y de comercialización de viviendas de uso turístico, de las agencias de viajes, el turismo rural, los campings y las empresas de alquiler de vehículos (rent-a-car) que muchos medios han calificado de «inaudita».

A nivel europeo, CEHAT sostiene que el texto de la nueva normativa ha generado preguntas parlamentarias por los principales partidos de la oposición y un documento donde se instaba al legislador español a su derogación y a buscar alternativas viables. En este sentido, como ya comunicó CEHAT, el nuevo Real Decreto provocó también que las asociaciones turísticas de la Unión Europea se unieran al sector español para trasladar por escrito al Ejecutivo las consecuencias del esta nueva norma y para remarcar la imposibilidad de su cumplimiento.

«Esta norma ha de ser revisada en profundidad, para que se tenga en cuenta la forma en que se desarrolla la actividad turística y, conociendo su operativa, se desarrollen propuestas viables que proporcionen seguridad jurídica tanto a los viajeros como a las empresas obligadas. Todo ello, con la garantía de que no suponga una pérdida de competitividad para España y una carga administrativa incomprensible e inadmisible para el sector», subraya Jorge Marichal, presidente de CEHAT. En este sentido, Marichal agradece el intenso trabajo conjunto que se está llevando a cabo tanto desde el sector en Europa como por parte de todos los integrantes de la Comisión de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con las demás patronales turísticas españolas, como representantes del sector turístico en nuestro país. «Llevamos años trabajando codo con codo para intentar que este asunto llegue a buen puerto y redunde seguir contribuyendo a la mejora del sector y en afianzar aún más la seguridad de nuestro país».

CEHAT, que representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas repartidas por toda España, reclama, por tanto, un diálogo constructivo con el Ministerio del Interior -que no ha tenido lugar en el último año- y lamenta que se ha hecho caso omiso a todas las propuestas realizadas. Esto, tal y como apunta la patronal, ha generado una preocupante sensación de imposición de una norma, a sabiendas del caos que iba a producir si definitivamente se hubiera puesto en vigor.