El Gobierno de Alemania no se esconde: «Vemos con agrado que Lufthansa se quede con Air Berlin»

La ministra de Economía alemana, Brigitte Zypries, ha apoyado la intención de Lufthansa de adquirir activos de Air Berlin, pero ha aclarado que una fusión entre ambas aerolíneas no podría llegar a producirse «por razones de competencia» puesto que le daría una posición dominante en Alemania.

El Gobierno alemán ha concedido a la compañía aérea alemana de bajo coste Air Berlin, declarada insolvente, un crédito de 150 millones para mantener sus operaciones durante tres meses, mientras negocia con su competidora Lufthansa la venta de parte de sus activos y la contratación de parte de sus trabajadores.

La canciller alemana Angela Merkel ha defendido dicho crédito puente, que estima que mantendrá en funcionamiento a la compañía unos tres meses, para dar tiempo a las negociaciones que la aerolínea está llevando a cabo con varios rivales.

«Lufthansa ya es un campeón de la aviación y su posición se puede fortalecer aún más», ha reconocido la ministra alemana al diario alemán ‘Handelsblatt’, tras señalar que acogería «con agrado» esta operación.

No obstante, la ministra de Economía alemana ha aclarado que una fusión entre ambas compañías en las actuales circunstancias no sería posible. «Hay muchas partes interesadas, pero por razones de competencia, ninguna aerolínea puede comprar Air Berlin», aclaró Zypries.

Lufthansa fue la primera compañía en iniciar conversaciones para comprar Air Berlin. Según recoge la prensa alemana, easyJet, la aerolínea alemana Condor de Thomas Cook y el operador turístico TUI también podrían estar entre las partes interesadas en la adquisición de Air Berlin.

La compra de parte de los activos de Air Berlin permitiría a Lufthansa tener acceso a sus ‘slots’ de despegue y aterrizaje en los aeropuertos alemanes más concurridos, como Düsseldorf y Berlín.

La operación, denunciada por Ryanair ante la Comisión Europea por considerar que es incompatibles con las ayudas públicas, está siendo analizada por Bruselas, que dispone de un plazo de hasta dos meses para evaluar la conformidad de este apoyo público con las normas europeas.