Giro en la batalla judicial por los recortes en las renovables: Suecia da la razón a España y anula una multa de 53 millones

El tribunal de apelación de Suecia ha decretado la suspensión indefinida de la ejecución del laudo que obligaba al Estado español a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables que se aplicaron en los años 2010 y 2013, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

De esta manera, el tribunal de apelación suspende la sentencia que dictó en  febrero la Cámara de Comercio de Estocolmo contra la que había recurrido el Gobierno español, en la que se condenaba a España a este pago al considerar que el recorte que supuso el Real Decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso un «cambio brusco y de sistema» con respecto a las modificaciones anteriores que habían representado ya los recortes de finales de 2010, con el PSOE en el poder, indicaron las mismas fuentes.

En su fallo, la Cámara de Comercio de Estocolmo reconocía el pago por parte del Reino de España a NovEnergia, que demandaba el abono de 60 millones de euros, de una indemnización de 53 millones, más las costas y unos intereses del 1,5% desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se abone la cantidad.

Según indicaron las mismas fuentes, el tribunal de apelación ha tenido en cuenta para esta suspensión el fallo del pasado mes de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que consideró que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.

Esta sentencia dejó en el aire el sistema de arbitrajes intraeuropeo con un fallo en el que negaba su legitimidad para dirimir conflictos entre empresas y Estados en el marco de tratados bilaterales entre socios comunitarios.

Así, abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Masdar

Este miércoles, el Estado español sufrió un revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables, al fallar el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, a favor de Masdar, reconociéndole el pago de una indemnización de 64 millones de euros, frente a los más de 250 millones de euros que reclamaba.

Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi y dueño también de la petrolera Cepsa, presentó su arbitraje ante el Ciadi en febrero de 2014, recurriendo, en su caso, los recortes que sufrió la termosolar. El despacho Allen and Overy ha sido el encargado de defender los intereses de la firma.

En mayo del año pasado, el Ciadi también falló en contra el Gobierno de España a una demanda presentada por Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi recurso contra este laudo, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también desistió la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

España suma casi una treintena de demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales.

7.500 millones

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.

Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.