Garamendi va a la guerra abierta con Gobierno y sindicatos en la antesala de las elecciones en la CEOE

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha decidido declarar una guerra abierta al Gobierno y los sindicatos en la antesala de las elecciones a la cúpula de la patronal en la que figura, por el momento, como único candidato. Con este movimiento pretende sacudirse definitivamente el sambenito de «blando» con el presidente Sánchez con el que ha sido tildado por algunos miembros de la organización a cuenta de su espaldarazo a la reforma laboral o su resignación a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya fuera en ambos casos a regañadientes.

Los dos proyectos fueron promovidos por la vicepresidenta Yolanda Díaz y provocaron un cisma todavía abierto en la patronal, pues en su momento contaron con la oposición de Anfac, la patronal del automóvil, de Asaja -en representación de los agricultores-, de Cepyme, a cargo de las pequeñas y medianas empresas, de CEIM, la organización de empresarios de Madrid y de Fomento del Trabajo, la patronal catalana al mando de Josep Lluís Sánchez Llibre, tradicionalmente enfrentado a Garamendi.

Los motivos que esgrime Garamendi para justificar su oposición granítica son, en cualquier caso, de gran enjundia. El Gobierno ha subido la presión fiscal a las empresas hasta extremos escandalosos: en el Impuesto de Sociedades, a través del aumento de las cotizaciones sociales, además de por la vía de impedir a las compañías que compensen totalmente sus pérdidas de ejercicios anteriores. En la actualidad, la vicepresidenta Díaz pelea en el Gobierno por volver a elevar el año próximo el SMI. Estos hechos prácticos han llevado a Garamendi a plantarse y suspender cualquier tipo de negociación con el Gobierno bajo tales premisas.

Los días de vino y rosas en los que el presidente de la patronal comparecía en el Palacio de La Moncloa para hacerse la foto con el presidente Sánchez, sus ministras y los líderes sindicales como reflejo de la salud y fortaleza del diálogo social han pasado a mejor vida. Garamendi se siente traicionado y no está dispuesto a proporcionar ninguna excusa a sus opositores en la sombra dentro de la patronal. Hasta el 8 de noviembre hay tiempo para la presentación de candidaturas alternativas a Garamendi. Las elecciones se celebrarán el 23, quince días más tarde, sin que se atisbe por el momento ninguna alternativa, pero sin que se hayan disipado los rumores ante tal eventualidad.

Los últimos días en la patronal están siendo frenéticos, con una catarata justificada de críticas a los presupuestos del Estado, que suben la recaudación fiscal hasta cotas históricas y la imposición a las empresas en 2023 hasta el 11%, por encima de la media del 10% de la Unión Europea. Ayer mismo, Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE, mano derecha de Garamendi y presidente del Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la organización, aseguró que las cuentas del Estado para el próximo ejercicio tienen un riesgo máximo de «inconstitucionalidad», al haber incluido nuevos gravámenes sobre los beneficios supuestamente extraordinarios de las compañías eléctricas y de la banca -que no están diseñados legalmente para ser considerados impuestos- así como el tributo sobre las grandes fortunas, que representa «un vaciamiento del Estado autonómico», un ataque a las competencias de los gobiernos regionales y finalmente un intento de resucitar por la puerta de atrás el Impuesto sobre el Patrimonio en aquellos territorios en los que está bonificado prácticamente en su totalidad, como es el caso de Madrid ahora y sucederá en Andalucía en 2023.

Al margen de las cuestiones legales y normativas, el presidente Garamendi ha sido presionado fuertemente por los empresarios del Ibex 35 atacados expresamente por Sánchez a cuenta de su oposición a los nuevos tributos -en concreto Ana Botín, presidenta del Banco Santander, e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola-. Tales ataques al conjunto de la clase empresarial siguen in crescendo, principalmente durante los mítines que Sánchez protagoniza todos los fines de semana en diversos lugares de la geografía nacional con el fin de elevar el nivel de la tropa y reafirmar sus mensajes clave de cara a las próximas elecciones generales. Garamendi opina que esta actitud, que parece no tener retorno posible, significa una criminalización de la clase empresarial que no tiene parangón en país alguno de Europa y que, junto a las medidas legislativas adoptadas, tendrá consecuencias nefastas para la actividad económica.

Las relaciones con los sindicatos no son mejores. Todo lo contrario. El vicepresidente de la CEOE, Fernández de Mesa, aseguró ayer que la indexación generalizada de los salarios a la inflación constituye «una línea roja que no estamos dispuestos a traspasar». «Sería tremendamente nocivo y dañino para la economía, de modo que no vamos a transigir con las demandas sindicales bajo ningún concepto». No cederemos», declaró, ante la posición de máximos de los sindicatos, defendida abiertamente por la vicepresidenta Díaz, que ha acusado expresamente a la CEOE de boicotear la negociación colectiva. Garamendi también se ha mostrado contrario a la revalorización de las pensiones según el IPC y rechaza tajantemente cualquier nueva subida del SMI.

Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron a finales del mes pasado un calendario de movilizaciones para «desatacar» la negociación salarial. Éstas, arrancaron el 7 de octubre con concentraciones ante las sedes de la patronal, un hecho insólito en toda Europa -donde las protestas van siempre dirigidas contra los gobiernos de turno-, y concluirán el 3 de noviembre con una manifestación en Madrid.

En sus declaraciones más recientes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que la CEOE «sólo piensa en ganar un poco más cada día», y Unai Sordo, responsable de Comisiones Obreras, afirmó que si sigue el bloqueo de la negociación salarial «deberemos emplazar al Gobierno a que acometa políticas ofensivas para redistribuir mejor la riqueza».  No son buenos precedentes de cara a una eventual paz social, o un pacto de rentas, sino un motivo adicional para librar la guerra abierta a la que está abocado y también decidido Antonio Garamendi.