Galán (Iberdrola) rechaza las «cargas inesperadas» sobre la nuclear e hidráulica que planea el Gobierno
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha rechazado las «cargas inesperadas» que quiere aplicar el Gobierno de Pedro Sánchez sobre instalaciones nucleares, hidráulicas y eólicas previas a 2050 basándose en el argumento «falso» de que reciben beneficios caídos del cielo y de ya están amortizadas. «No es cierto», ha subrayado Galán, quien ha reclamado «seguridad jurídica y certidumbre» para invertir en el sector de la energía.
Galán ha criticado el anteproyecto de ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras (hidráulica y nuclear y parte de la eólica) como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión.
El presidente de Iberdrola donde ha dejado claro que estas instalaciones en muchos casos están en pérdidas y lejos de estar amortizadas. «Decir lo contrario es faltar a la verdad. Ahí están las cuentas en el Registro Mercantil», ha indicado en su intervención en el II Foro Económico Internacional de ‘Expansión’.
«En situaciones coyunturales no se pueden tomar decisiones estructurales», ha manifestado el directivo, quien no obstante ha mostrado su confianza en el compromiso manifestado por la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para a lo largo de la tramitación parlamentaria y a través del dialogo se llegue a una solución alineada con el marco jurídico, que dé certidumbre a las inversiones para alcanzar los objetivos marcados.
Abiertos al dialogo
«En Iberdrola estamos abiertos a este diálogo para alcanzar un marco equilibrado, estable e incentivador, para atraer estas inversiones teniendo siempre en cuenta los factores sociales, y que no encarezca de manera desorbitada los costes de las empresas», ha afirmado. No obstante ha explicado que «necesitamos una planificación clara, evitando sorpresas y contradicciones, y actuar con diálogo y consenso, creando mecanismos para incentivar a los que cumplen».
17.000 millones de inversión
Ha enfatizado que en 20 años Iberdrola ha puesto en práctica su dividendo social, con el fin de generar valor sostenible para empleados, accionistas y sociedad, y que la pandemia, en lugar de hacerle replegar posiciones, le ha llevado a acelerar inversiones (10.000 millones en 2020 y 17.000 millones este año), a adelantar pedidos por 18.000 millones a provedores, «quitando tentaciones a estas firmas de acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)», y a contratar 6.000 profesionales más, además de extender su presencia en Suecia, Polonia, EE.UU., Brasil, etc.
Estas inversiones se enmarcan en el plan inversor a 2030 de la compañía, con un monto total de 150.000 millones, que supone, según Galán, «el mayor plan de una empresa en España para hacer generación renovable y almacenamiento para alcanzar en 2030 la neutralidad climática», y que contribuirá a añadir 30.000 empleos adicionales a los 85.000 que trabajan ahora directamente para el grupo.
Además, ha recordado que el grupo ha presentado junto a otras empresas 150 proyectos al plan de resiliencia que podrían movilizar 30.000 millones y generar 60.000 empleos. «Confío en que no dejemos pasar esta oportunidad histórica. Podremos transformar nuestro país», ha subrayado.
Foro nuclear
El sector nuclear ha asegurado que las centrales «no están amortizadas», con unas inversiones anuales de cerca de 300 millones de euros, y ha subrayado que el recorte que pretende asestar el Gobierno a su retribución, junto a las tasas, impuestos y tributos actuales, «incrementan la asfixia financiera del parque nuclear y lo abocan a su cese de actividad».
En un comunicado, Foro Nuclear, la patronal de esta industria, que manifiesta su perplejidad ante las declaraciones de que las centrales están amortizadas y que disfrutan de ‘beneficios caídos del cielo’, señala que estas plantas están actualmente en pérdidas como consecuencia de «una tributación desproporcionada, discriminatoria y confiscatoria».
En este sentido, recuerda los balances y cuentas de resultados auditados de las empresas propietarias de las centrales, «conocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», con un inmovilizado pendiente de amortizar superior a 5.500 millones de euros, con más de 3.000 millones de euros invertidos solo en los últimos diez años.
A este respecto, indica que el año pasado, como consecuencia de los bajos precios de la electricidad, las nucleares tuvieron un flujo de caja negativo de unos 500 millones de euros y unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Además, estima que serán necesarias inversiones de en torno a 3.000 millones de euros para mantener las unidades en óptimas condiciones de seguridad y fiabilidad hasta su cierre.
Así, con el anteproyecto de ley enviado al Congreso de los Diputados por el Gobierno estima que dicho flujo de caja negativo se habría incrementado significativamente, al haber estado el precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) en un promedio de 25 euros por tonelada.
Además, afirma que, desde el año 2005, tomado como referencia en el anteproyecto de ley, y hasta 2021, los tributos que soportan las instalaciones de generación nuclear se han incrementado en cerca de 20 euros por megavatio hora (MWh), representando el 60% de sus ingresos en 2020.
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