Economía

Los fumadores aportan 9.100 millones a Hacienda, la mitad de lo que cuesta pagar el desempleo

Los fumadores han aportado 9.110,5 millones de euros a las arcas públicas en 2016, mediante el pago de los impuestos que gravan todos los tipos de tabaco y que son dos: los Impuestos Especiales y el IVA.

Esta cantidad supone supone la mitad del gasto presupuestado en 2016 para el pago de las prestaciones por desempleo (que asciende 19.820 millones de euros) o más del doble del presupuesto total anual del Ministerio de Sanidad y de sus organismos autónomos (roza los 4.400 millones de euros), que no incluye las transferencias a las comunidades autónomas pero sí la financiación del sistema médico privado de los funcionarios que se presta a través de Muface.

Los datos han sido avanzados por la Asociación Empresarial del Tabaco (Adelta) en un informe recogido por Europa Press en el que se constata que el 80% del precio de venta al público de tabaco corresponde exclusivamente a impuestos.

Adelta destaca que una de las razones de la elevada recaudación ha sido la lucha contra el contrabando, a pesar de que en términos absolutos los ingresos tributarios por la venta de tabaco se mantienen prácticamente en los mismos niveles que el pasado año. Es posible que en 2017 aumenten como consecuencia de la reciente subida fiscal aprobada por el Ministerio de Hacienda

«El año 2016 ha sido muy complejo para la industria del tabaco por la adaptación a las nuevas exigencias de la Directiva de Productos del Tabaco, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Esta norma implica cambiar el envasado y etiquetado de 70.000 referencias europeas de productos del tabaco, lo que ha obligado a modificar todos los procesos de fabricación, impresión y a adquirir nueva maquinaria, con la presión añadida de plazos muy ajustados para su cumplimiento», ha indicado el director general de Adelta, Juan Páramo.

No obstante, la citada directiva todavía no ha sido trasladada al ordenamiento jurídico español, debido al bloqueo político e institucional que se produjo el pasado ejercicio y que obligó a repetir las elecciones generales. «A pesar de que la norma aún no se ha incorporado a la legislación española, y por ello no es de obligado cumplimiento en España, la industria del tabaco ha tomado la iniciativa para llegar a tiempo con los plazos y requerimientos exigidos por Bruselas y ha adaptado ya la mayoría de las cajetillas de cigarrillos y envases de tabaco para liar», ha añadido Páramo.

Los responsables del CMT se sientan en el banquillo por las sanciones

Además de este problema, el sector vive una época convulsa después de que un grupo de propietarios de estancos haya logrado sentar en el banquillo a los máximos responsables del organismo regulador del sector: el Comisionado del Mercado del Tabaco (CMT).

Los demandantes han logrado que el Juzgado de instrucción número 13 de Madrid considere que existen indicios suficientes para considerar que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, puede haber prevaricado en su política de sanciones e, incluso, haber pactado con las tabaqueras para que éstas les entregaran datos confidenciales de los propietarios de estancos y máquinas expendedoras violando la Ley.

Según ha podido saber OKDIARIO el citado juzgado ha citado a declarar al  presidente del CMT, José Luis Nieto y a su inspector jefe, Manuel Cuevas, tras una denuncia presentada por una la Asociación Profesional de Estanqueros de España, compuesta por particulares propietarios de máquinas expendedoras de tabaco y por estanqueros afectados por la ofensiva sancionadora del organismo.

El juzgado también ha llamado a declarar a representantes de la tabaquera norteamericana Philip Morris (Marlboro, L&M, Chesterfield) y de la empresa Marketing Partners Consultores (MKPC), por las sanciones de más de 120.000 euros que el CMT ha puesto a medio centenar de profesionales de la expendeduría de tabaco por supuestos contratos fraudulentos de información en los puntos de venta.

A todo ello se suma la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo (AEPVR), que representa los intereses de los propietarios de máquinas expendedoras de tabaco (entre ellos bares, cafeterías, hoteles, gasolineras y otros establecimientos). En ella  acusa a la Unión Asociaciones de Estanqueros de España (la patronal de estanqueros con mayor representación) de “financiarse de forma encubierta” a través de una revista sectorial a la que pagan las compañías tabaqueras por inserciones publicitarias “por encima del precio de mercado”.