Menos de 90 navíos

La flota mercante pide menos impuestos tras caer al mínimo histórico los buques con pabellón español

La fuga fiscal deja a nuestro país huérfano de un sector estratégico y sin una fuente de ingresos para el Fisco

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Entre ser una potencia marítima como lo era España en los siglos XVI y XVII y prácticamente quedarse sin flota mercante, hay un término medio; exactamente, 500 buques, que son los que nuestro país ha perdido desde 1985 —un año antes de la entrada en la Comunidad Económica Europea—.

Hace años, ya que el sector viene alertando sobre la fuga fiscal que sufre debido a la dificultad de competir con países extracomunitarios que atraen armadores a través de sus políticas de impuestos bajos (lideran el ránking Liberia, Panamá y las Islas Marshall), pero en 2025 nuestra marina comercial tocó un mínimo histórico preocupante al caer por debajo de los 90 navíos por primera vez en la historia.

Al cierre de 2025, un total de 84 buques —incluyendo solo grandes unidades mercantes como petroleros, cargueros, naves de pasaje o de transporte de gases licuados— navegaban bajo pabellón español, cifra que supone una caída del 26% con respecto a 2015 y del 56% con respecto a 2005.

Bien es cierto que el número de barcos controlados por navieras de nuestro país que lucen la bandera de otro crece sensiblemente, pues estos pasaron de 114 a 119 unidades entre 2024 y 2025, pero ese incremento no logra compensar la pérdida de embarcaciones 100% españolas. Y esto es un problema, tanto a efectos de soberanía estratégica como de fiscalidad, debido a los impuestos que se dejan de cobrar.

Esta es una de las conclusiones principales que arroja la última edición de la Agenda Sectorial Marítima publicada por el Clúster Marítimo Español (CME), una organización que aglutina a más de 150 empresas y organizaciones vinculadas a la llamada economía azul —es decir, las empresas que de una forma u otra viven del mar—.

Hay un problema con el abanderamiento, aunque esto no es óbice para reconocer que el sector vive un buen momento en términos macro, pues durante 2023 (último año con cifras disponibles) los constructores navales, armadores del sector turístico, puertos o gestores de infraestructuras energéticas marinas generaron 41.909 millones de euros de valor añadido bruto (un indicador que se obtiene de restar al valor de la producción el coste de los consumos requeridos durante el proceso), un 15% más que en 2022.

La economía azul creció, y lo hizo gracias al impulso de industrias especialmente dinámicas como los astilleros, que alcanzaron las 150.835 toneladas de arqueo bruto compensado (es decir, la carga de trabajo o el esfuerzo de construcción necesario para fabricar un buque) solamente en nuevos contratos firmados en 2023 (un 194% más); el turismo, que generó 28.373 millones de euros en VAB (+21%); o el transporte, con 1.203 millones (+3,8%).

Gracias a esto, y pese a la ralentización registrada por las actividades portuarias (su VAB se contrajo un 3,6%), en 2023 el sector creció más en términos de valor generado que de empleo, circunstancia que revela que las empresas están sabiendo incrementar la productividad, según indicó el presidente del CME, Javier Garat, durante la presentación de la Agenda Sectorial a los medios el pasado martes.

Esto dibuja una paradoja, y es que España es una economía muy ligada al mar —aporta el 7% del VAB nacional si se tiene en cuenta el efecto indirecto— y a pesar de ello se está quedando sin naves propias. Según Javier Garat, esto se debe a una miríada de factores, entre los que se incluyen el exceso de regulación, las trabas burocráticas, las normas laborales, la competencia desde otros países o el impuesto al carbono.

Para enfrentar esto, desde el Clúster piden aprobar un plan de competitividad para la flota, modernizar el Registro Especial de Canarias (la ventana a la que se acoge la mayor parte de la flota española debido a sus beneficios fiscales), crear un registro específico para la industria pesquera, adaptar los marcos administrativo y laboral a las particularidades de la actividad marítima y, por supuesto, bajar impuestos.

Luego está el llamado impuesto al carbono o ETS (por sus siglas en inglés), un gravamen que tienen que pagar los armadores europeos en función de cuánto contaminan, aunque eso ya es harina de otro costal porque se trata de una regulación europea y en la que, por tanto, el Gobierno tiene un margen de acción más limitado. Sea como fuere, desde el CME defienden que la tasa es excesiva y les está restando competitividad frente a rivales extracomunitarios; en el caso de España, esto se está traduciendo, además, en una preocupante fuga de navíos hacia los puertos de Marruecos (Tánger) en detrimento de Algeciras.

No todas las reivindicaciones del Clúster pasan por recuperar la flota, pues desde el sector también urgen al Gobierno —o, más bien, al Gobierno que salga de las urnas— a desarrollar un verdadero plan de inversiones en beneficio de la economía azul, uno que reconozca su importancia estratégica.

Si de eso se trata, el primer desafío es de carácter institucional, pues lo cierto es que desde hace años nuestro país acusa la falta de un Ministerio del Mar o, cuanto menos, de una secretaría que agrupe todas las competencias y políticas que afectan al sector; a falta de esto, actualmente las empresas marítimas tienen que lidiar con hasta 14 ministerios distintos.

Lo cierto es que hace tiempo que el Clúster dio por perdida la batalla por tener un Ministerio del Mar, pero al menos esperan que el Ejecutivo que salga de las urnas confiera poderes a una vicepresidencia económica para que coordine la actuación de esos 14 departamentos distintos que mantienen interlocución con las empresas del mar.

Esto es prácticamente una urgencia, pues no hay que olvidar que en estos momentos la Unión Europea está a punto de cerrar un nuevo marco presupuestario que va a suponer un cambio profundo en el modelo de gobernanza de los fondos europeos, pues se traducirá en el desembolso de miles de millones de euros a los Estados miembros para que sean ellos los que deciden en qué sectores priorizan las inversiones; para el CME, es una oportunidad de oro para que sus asociados puedan beneficiarse de un ciclo inversor positivo y, entre otras cosas, «recuperar la flota».

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