La Fiscalía de Barcelona entierra el caso de los cobros de Acciona a través de la concesionaria ATLL

La Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación que abrió a Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a raíz de un informe de la Oficina Antifraude Catalana (OAC) por irregularidades en la facturación entre esta empresa y el grupo Acciona, al que la Generalidad de Artur Mas adjudicó la gestión del servicio de aguas.

En su decreto de archivo la Fiscalía de Barcelona da por cerrada la investigación que abrió por delitos de falsedad documental y societario a raíz de un informe que alertaba de supuestas irregularidades entre ATLL Concesionaria y otras empresas controladas por el grupo Acciona.

Según la Oficina Antifraude Catalana (OAC), entre 2013 y 2014 el gobierno regional catalán “desvió” de forma irregular a Acciona hasta 12 millones de euros a través de la sociedad concesionaria ATLL, que fue privatizada por el gobierno regional catalán. Según la OAC esta empresa cobró por unos trabajos que no se realizaron.

Según el informe del OAC, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Acciona empleó dos filiales para facturar 7,41 millones de euros en 2013 y otros 4,72 millones en 2014, “sin que esté acreditada la existencia de una corriente real de servicios” que justifiquen este “desvío”. El organismo apunta a la existencia de un mecanismo de facturas cruzadas por parte del Grupo de la familia Entrecanales.

Antifraude consideraba que “pueden existir responsabilidades de orden penal, relacionadas con los delitos de falsedad mercantil y administración desleal” y apuntaba que las irregularidades también debían ser analizadas por Hacienda para determinar si hay delito fiscal. Además, indica que las tarifas que pagan los catalanes por el uso del agua son mayores de lo debido a causa de estos cobros.

El OAC indicaba que en este caso se ha podido infringir el artículo 290 del Código Penal, que establece que “los administradores (…) que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.

Ahora la Fiscalía, tras examinar los resultados de la investigación que encargó a los Mossos d’Esquadra, concluye que «no se aprecia «la existencia clara de ningún tipo de delito», aunque admite que existen «algunas irregularidades administrativas» que ha remitido a la Agencia Tributaria, que ya tenía abierto un expediente a la ATLL, para que valore si constituyen los citados delitos de fraude fiscal.

La Agencia Tributaria, no obstante, ha contestado al ministerio público que no ha apreciado indicios de fraude fiscal en la facturación entre las distintas sociedades que forman parte de la ATLL, por lo que el fiscal ha acordado dar por zanjada también su investigación sobre posibles delitos contra la Hacienda pública.

Objetivo: nacionalizar ATLL

El objetivo que persigue Junts Pel Sí y la CUP desde que se celebraron las elecciones en Cataluña es nacionalizar ATLL. La compañía protagonizó en 2013 la mayor privatización realizada por la Generalidad, con un importe de 1.000 millones, de los que Acciona ya ha adelantado 300 millones.

Además, el grupo de los Entrecanales ha hipotecado 60 millones de euros más, equivalentes al 35% de su beneficio contabilizado entre enero y septiembre, en la compra del 39% de la compañía de aguas a su socio brasileño BTG Pactual. Acciona ha aumentado su exposición a esta concesionaria de aguas a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado en varias ocasiones que la privatización fue irregular.

El ex presidente dela Generalitat, Artur Mas, se implicó personalmente en que saliera adelante la operación, respaldando políticamente el mantenimiento del banco brasileño en el capital del consorcio y garantizando sus ingresos mediante subidas del precio del agua, tal como avanzó OKDIARIO. Ahora Antifraude da las herramientas al nuevo presidente, Carles Puigdemont, para nacionalizar ATLL, lo que asestaría un duro golpe financiero a Acciona.