El fin de los peajes eleva el interés privado por las radiales rescatadas que Ábalos no quiere soltar

Los planes del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con las autopistas mantienen en vilo a las grandes concesionarias que operan en España. Tras la polémica decisión del ministro socialista de anunciar a bombo y platillo el fin de los peajes de las autopistas cuya concesión cumpla esta legislatura, se suma ahora su falta de ganas por privatizar de nuevo las autopistas quebradas que el Estado tuvo que rescatar en los peores momentos de la crisis.

El fin de los peajes supone un mordisco para el negocio de las concesionarias en España de más de 1.800 millones de euros. Para paliar sus efectos en la cuenta de resultados, el sector lleva semanas analizando alternativas y las autopistas radiales rescatadas, que seguirán siendo de pago, son un activo apetecible para compensar los efectos del fin de los otros peajes.

Sin embargo, el Ministerio de Fomento ya ha dejado caer que dilatará la privatización de las nueve radiales que ahora están gestionadas por la empresa pública Seittsa.

Esas radiales que tantos quebraderos de cabeza generaron al Gobierno de Mariano Rajoy llevan meses beneficiándose del aumento de tráfico que se está produciendo al calor de la recuperación económica. Además, dado que el vencimiento de su concesión no es inminente, podrán esquivar el modelo del gratis total que se va a aplicar a otras cinco autopistas privadas a partir de diciembre de este año.

Abertis (a través de sus filiales Aumar y Acesa) y el Grupo Itínere (Europistas) son las dos grandes concesionarias más afectadas por ese fin de los peajes. El primer tramo afectado por la medida será el de la AP1 que conecta Burgos con Armiñón (Álava) en diciembre de 2018.

Después será el turno de los tramos de la AP7 Alicante-Tarragona, el de la AP4 Sevilla-Cádiz con vencimiento en 2019. Los siguientes trazados en el calendario son el de AP7  Barcelona – La Junquera- Tarragona y el de la AP2 Zaragoza- Barcelona, ambos con vencimiento en 2021.

La drástica decisión de Fomento no solo ha sido criticada por el sector privado. También los sindicatos han lamentado que se estén poniendo en peligro 1.300 empleos, según los datos ofrecidos por UGT. La supresión de las barreras tendrá también un coste de unos 45o millones de euros que tendrán que sufragar los contribuyentes, según cálculos de Seopan.