Fomento ofrece una semana más de negociación a los estibadores para que no colapsen los puertos

El Ministerio de Fomento ha ofrecido retrasar hasta el Consejo de
Ministros del próximo viernes, 24 de febrero, la aprobación de la reforma del sector de la estiba si de desconvoca la huelga convocada en los puertos para la próxima semana, y la patronal y los sindicatos se sientan a negociar.

Con este gesto, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna, que tenía previsto aprobar la modificación del sector este viernes 17, pretende favorecer el diálogo».

En un comunicado, Fomento anunció su disposición a que «el Real Decreto Ley de modificación de la estiba no se someta a aprobación por parte del Gobierno este viernes y se retrase una semana, hasta la reunión del 24 de febrero, si los sindicatos y la patronal se sientan a negociar».

El Ministerio considera, no obstante, «imprescindible» que dicha negociación se desarrolle en un «clima de normalidad que favorezca el diálogo y la negociación» y, para ello, reclama que previamente se desconvoque la huelga prevista para los próximos días 20, 22 y 24 de este mes, indica Fomento en su comunicado.

Los sindicatos de estibadores amenazaron al Gobierno este martes con convocar más huelgas, además de las ya previstas, si se aprueba el decreto que supondrá la liberalización del mercado de trabajo del sector y el fin de los privilegios, tal como exige una sentencia de la Justicia europea.

La estiba es un sector en el que trabajan poco más de 6.000 personas, pero que tiene mucho poder debido a su importancia para la economía. En España, los costes laborales del sector suponen entre el 55% y el 60%, mientras que en Alemania alcanzan tan sólo el 37%. Un gruista puede tener un salario, según el puerto, de hasta 110.000 euros al año. La media del sistema son unos 64.000 euros anuales, lo que supone un 60% más que la media del resto de trabajadores de puertos.

En cualquier momento podría producirse una segunda sentencia condenatoria por parte de la Justicia Europea a España, por lo que al Gobierno no le queda otra que adaptarse a la legislación comunitaria. De no hacerlo, Bruselas aplicaría sanciones por valor de 134.000 euros diarios por cada día de retraso desde la publicación de la sentencia.