Estas son las condiciones económicas finales para los empleados que salgan en el ERE de CaixaBank

Estas son las condiciones económicas definitivas acordadas por CaixaBank y los representantes de los trabajadores para los 6.452 que abandonen la entidad en el ERE pactado este jueves. El acuerdo laboral divide a la plantilla en cuatro colectivos: personal de 63 o más años; trabajadores de entre 54 y 63 años (el llamado grupo A), empleados de 52 y 53 años (grupo B) y otros trabajadores de menor edad (grupo C).

– El personal de 63 o más años -un colectivo realmente reducido, porque ha ido saliendo de la entidad en anteriores ERE pactados con los sindicatos- percibirá la indemnización mínima legal: 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

– Los trabajadores de entre 54 y 63 años con una antigüedad de al menos 6 años percibirán una indemnización equivalente al 57 % de su salario fijo hasta los 63 años, así como el pago del convenio especial con la Seguridad Social hasta esa edad y una prima de adhesión al ERE que oscila entre los 18.000 y los 28.000 euros brutos, según su antigüedad.

– Los empleados de 52 y 53 años con seis años de antigüedad que decidan acogerse al ERE, cobrarán un 57 % de su salario fijo multiplicado por 7 anualidades, fraccionado todo ello en mensualidades hasta los 63 años, así como el correspondiente pago del convenio de la Seguridad Social hasta los 63 años y una prima única de 38.000 euros.

No obstante, la prestación por desempleo se descontará de la indemnización total a estos dos colectivos.

– El personal menor de 52 años dispuesto a abandonar la entidad percibirá 40 días por año trabajado con un límite de 36 mensualidades, con una prima de entre 13.000 y 23.000 euros en función de su antigüedad.

El pacto sobre el ERE resuelve uno de los principales escollos tras la fusión con Bankia, el laboral, y allana al mismo tiempo el recorte de oficinas, puesto que se eliminarán más de 1.500 en toda España.

Fuentes sindicales han asegurado que el recorte de personal arrancará en principio en noviembre en los servicios centrales y a continuación en la red de oficinas, un proceso que los sindicatos creen que se alargará también a 2022.