España es el segundo país de la UE que menos gasta en servicios públicos pese a que las Administraciones se han quedado el 73% de los fondos Next

Seis años después de que entrara en vigor el programa Next Generation, el paquete masivo de ayudas desplegado por la Comisión Europea para hacer frente a los estragos económicos que causó la pandemia de Covid-19, y un mes después de que el pasado 31 de agosto concluyera formalmente el plazo dado a los Estados miembros para ejecutar esos recursos, el balance que ofrece este mecanismo en el caso de España es del todo paradójico, pues resulta que tres cuartas partes de esas subvenciones (la mayoría a fondo perdido) han sido percibidas directamente por las Administraciones y, a pesar de ello, nuestro país sigue estando a la cola de la Unión Europea en inversión pública.

Los datos son muy claros y no mienten. Hasta la primera mitad de 2026, en España se han resuelto convocatorias por un valor aproximado de 51.376 millones de euros, y un 73,7% de ese dinero ha tenido como receptores a unas 5.603 entidades estatales, autonómicas y locales. Y mientras esto ocurría, apenas un 24% de los fondos han sido percibidos directamente por entidades privadas, correspondiendo el 1,8% restante a personas físicas.

Pareciera que este aluvión de dinero público debiera haberse traducido en un notable incremento del flujo inversor en servicios públicos, pero no ha sido el caso. Según se lee en la última edición de Previsiones Económicas, un documento de trabajo elaborado por la Comisión Europea, a inicios de este año nuestro país era el penúltimo en la lista (solo por delante de Irlanda) en inversión pública calculada como porcentaje del PIB, con un flujo de capital equivalente a menos del 3% frente al 4,5% de Francia o el 3,8% de media en los Veintisiete.

En la metodología utilizada por la Comisión Europea, por inversión pública se entiende la formación bruta de capital fijo acometida por parte de las Administraciones; en román paladino, son todas aquellas actuaciones que den como resultado un activo duradero, y esto incluye, por ejemplo, desembolsos en infraestructuras como líneas de ferrocarril o aeropuertos, bienes tecnológicos o equipos de todo tipo, desde vehículos oficiales hasta material para hospitales.

Según explicó ayer el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, durante la rueda de prensa en la que presentó estos datos, los mismos ilustran a las claras que el programa Next Generation ha servido principalmente «para que el Gobierno pueda sobrevivir sin Presupuestos», pero no para mejorar el estado de los servicios públicos o la productividad y competitividad de nuestro país, que al fin y al cabo era el propósito último del mecanismo.

Lo cierto es que esta es solamente una de las múltiples lecturas que pueden hacerse sobre el fiasco que ha supuesto el Plan de Recuperación. Baste esta cifra para ilustrarlo, y es que cuando el mecanismo echó a andar hace ahora seis años, nuestro país tenía asignados 163.014 millones en fondos europeos, aunque con el tiempo ha terminado por renunciar a un 38% de esos recursos, equivalentes a 61.706 millones de euros.

Para los populares, la mejor prueba de la «improvisación» que ha caracterizado la gestión del Ejecutivo en este ámbito son las numerosas adendas al plan que ha presentado en los últimos tres años, hasta nueve modificaciones que dejan la dotación definitiva del instrumento en unos 101.104 millones de euros, aunque cabe hacer varias precisiones a esta cifra.

La más importante de ellas es que en este momento los populares contabilizan unos 30.000 millones de euros cuyo futuro es «incierto» debido a que sobre el papel están adjudicados, aunque no en la práctica, y a pesar de ello el Ejecutivo quiere contabilizarlos como si se hubieran asignado antes de la fecha límite del 31 de agosto. En opinión de Alberto Nadal, se trata de una desviación «muy grave» respecto a las normas impuestas por la Comisión Europea.

El mejor ejemplo de los malabarismos que ha hecho el Gobierno con estas ayudas quizá sean los 15.000 millones de euros que el pasado 28 de julio asignó a un pequeño grupo de empresas públicas, en una maniobra que desde el PP consideran una treta para enmascarar la incapacidad de destinar ese dinero a la economía real en tiempo y forma.

Como ya se ha avanzado, ese era el principal objetivo de los fondos Next: aupar las economías productivas de Europa. Y, si de eso se trata, múltiples indicadores revelan que el desempeño de España ha sido más bien pobre; por ejemplo, el PIB por ocupado. Desde el cuarto trimestre de 2019, la economía española ha crecido un 11,9% en términos agregados, pero si esa riqueza se distribuye entre los trabajadores que hay en nuestro país, resulta que el indicador ha caído un 0,3%.

El PIB por habitante, a su vez, ha aumentado en algo más de seis puntos en este tiempo, pero en opinión del vicesecretario económico del PP, esto se explica por la oleada de inmigrantes que ha recibido nuestro país en estos años —y que es una de las principales razones que explica el avance económico—, que ha corregido al alza la distribución, ya que los recién llegados acostumbran a residir solos o en unidades familiares reducidas.