España saldrá de la vigilancia fiscal de la UE aunque no haya nuevos Presupuestos en 2018

El Reino de España logrará salir del procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmerso desde hace varios años como consecuencia de la elevada brecha fiscal existente en las cuentas públicas. Y lo hará aunque el próximo año el Gobierno no logre cerrar un acuerdo político que le permita aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se vea obligado a ampliar la prórroga de los actuales al conjunto del ejercicio.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la eurozona establece un límite máximo de déficit público equivalente al 3% del Producto Interior Bruto (PIB), una tasa que España supera desde hace casi una década. El objetivo del Gobierno era rebajarlo hasta el 2,2% del PIB con los nuevos PGE para 2018, unos Presupuestos que ahora peligran por la crisis institucional provocada por el golpe de Estado en Cataluña.

Sin embargo, tanto en el Ministerio de Economía como en el de Hacienda, consideran que con las cuentas públicas de este año prorrogadas al que viene se podrá rebajar la brecha fiscal por debajo del citado 3% del PIB y cumplir el objetivo sólo algunos pequeños ajustes. En concreto, el documento que enviará este lunes el Gobierno a Bruselas establece que, sin medidas adicionales, el déficit público de España será del 2,3% del PIB en 2018 con unos Presupuestos prorrogados.

La reducción que tendría que realizar el departamento que dirige Cristóbal Montoro sería de poco más de una décima del PIB, es decir, unos 1.100 millones de euros. Esta cantidad podría lograrse mediante recortes de gasto o con subidas de impuestos. Lo que no permitiría unos Presupuestos prorrogados sería poner en marcha la rebaja del IRPF a los mileuristas pactada por PP y Ciudadanos, a no ser que se escogiera la vía del Decreto Ley para aprobarla (lo que requeriría del correspondiente tramite parlamentario para ratificarla).

En este nuevo contexto, con unos PGE prorrogados y una nueva financiación autonómica en duda hasta que se ponga fin al órdago catalán, tendrá que pronunciarse la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la credibilidad del objetivo de déficit que plantea el Gobierno español a Bruselas.

Este organismo que preside José Luis Escrivá tiene como misión «garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público».

El pasado cuatro de octubre, la AIReF publicó un informe en el que constataba que  «la buena marcha de la recaudación tributaria y de las cotizaciones y, sobre todo, la contención del gasto público consolida la probabilidad de cerrar el ejercicio con un déficit del 3,1% o inferior del PIB». Sin embargo, está por determinar si en 2018 la economía española será capaz de seguir rebajando la brecha fiscal con un crecimiento del PIB inferior al 2,6%, que es la previsión que ahora maneja el Ejecutivo.

Salir del proceso de déficit excesivo implica dejar de estar bajo el foco de las autoridades europeas y no recibir «recomendaciones» o «peticiones» de Bruselas para adoptar medidas que corrijan la brecha entre gastos e ingresos públicos. Mediante este protocolo –vigente desde finales de 2009– la CE insta al Estado afectado a lograr una mejora anual de su saldo presupuestario estructural equivalente como mínimo al 0,5% del PIB hasta reducir el déficit por debajo del 3%.

Mención aparte merece el caso de la deuda pública que, según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no puede superar el 60% del PIB. La economía española supera en cuarenta puntos porcentuales este límite, rozando el 100% del PIB, lo que hace aún más necesario equilibrar las cuentas públicas para lograr superávits que permitan reducir la deuda. En la medida en que los Presupuestos de los próximos años sean capaces de lograr mayores ingresos que gastos España será capaz de mitigar el impacto de la retirada de estímulos del Banco Central Europeo (BCE).