España se desploma en el ránking de libertad económica de la OCDE por la deuda y los altos impuestos

La libertad de empresa y económica se han deteriorado en nuestro país durante la última década. En el primer caso, debido al déficit público, los elevados niveles de deuda, las pesadas cargas tributarias y el desequilibrio fiscal, y, en el segundo, motivado, especialmente, por una deficiente calidad regulatoria.

Lo revela el informe Libertad de Empresa en España. Índice de Libertad Económica 2024, presentado este lunes en Madrid por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). En el estudio se pone de relieve que España ocupa en libertad económica la posición 31 de entre los 38 países que componen la OCDE, con un valor de su índice 9,7 puntos porcentuales inferior al del promedio de dicha organización. Esto implica una reducción de nueve posiciones en 2024 comparado con la posición 22 de 38 países en 2012.

El estudio apunta a que España se sitúa entre los países con libertad económica moderada, en la posición 55 de 184 del ranking global, alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas Si se considera el promedio de la OCDE como base 100, España presenta una puntuación de 97,7 en el índice de libertad económica de 2024. Dentro de la Unión Europea, cuyo promedio se sitúa en 95,8, España cae un puesto más con respecto a 2023 y se sitúa en el número 23 de los 27 países que conforman la UE. Además, destacan que nuestro país se encuentra muy alejado de los resultados de Suiza o Nueva Zelanda, los países que ocupan las primeras posiciones del ranking dentro de la OCDE.

Desde la institución lamentan la situación del marco normativo español, «rezagado con respecto al de los principales países desarrollados en cuanto al fomento de la inversión empresarial», en relación a los resultados que obtiene nuestro país, lo que representa un nivel moderado de libertad de empresa en cuanto al fomento de la iniciativa privada y el apoyo al sector empresarial.

En el informe del IEE se analiza la intervención del sector público en la economía a partir de una mayor presencia del componente público en la actividad empresarial. Se destaca la vinculación de este tipo de intervención del sector público con los derechos de propiedad, el buen gobierno, el gasto público, la libertad de empresa y la facilidad inversora entre otros componentes que integran el principio de libertad económica. Según el IEE, este tipo de intervención obstaculiza la actividad empresarial y ocasiona peores resultados, en términos de asignación eficiente de los mercados en el sistema económico en su conjunto, al presentar la actividad empresarial de titularidad pública peores registros en términos de eficiencia que el sector empresarial privado.

Así, se desglosa que en 2022, la brecha de eficiencia entre la empresa privada y la pública en relación con la productividad laboral, como ratio entre el valor de la producción y gastos de personal, es de un 32%, ampliándose casi once puntos porcentuales durante los últimos cuatro años.