España afronta la crisis con un desfase de 4.000 millones entre el gasto en pensiones y las cotizaciones

Las cuentas de la Seguridad Social no se encuentran en su mejor momento. La tensión presupuestaria, que se acrecentará sensiblemente en 2020 como consecuencia de la crisis del coronavirus, ya era evidente en 2019.

El año pasado el desfase entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones rozó los 4.000 millones de euros -concretamente fue de 3.993,9 millones de euros-, un síntoma de la poca salud financiera de este pilar del Estado del Bienestar, al que el Gobierno ha tenido que rescatar y al que tendrá que seguir rescatando en el futuro. Se avecinan, por tanto, subidas de impuestos en un futuro cercano.

El gasto en pensiones ascendió en 2019 a 128.155 millones de euros, mientras que los ingresos por cotizaciones -de empresas y trabajadores- fue de 124.161 millones de euros.

Para evaluar la salud de un sistema de pensiones los expertos creen que hay que mirar la diferencia entre estas dos cifras, que muestran un déficit importante en el sistema de pensiones cuando apenas queda dinero en la hucha de las pensiones para pagar las nóminas de una semana de los jubilados.

Según los datos del propio Ministerio de Hacienda, en el capítulo de transferencias corrientes del Estado, las efectuadas a la Seguridad Social, se dispararon un 6,8% el año pasado, principalmente por la destinada a apoyar su equilibrio presupuestario, que se incrementaron un 45%, hasta alcanzar los 1.934 millones.

Es decir, que el Estado está teniendo que salir a rescatar el sistema de pensiones con el dinero de los impuestos. El total de las transferencias corrientes a la Seguridad Social por parte del Estado ascendió a 15.646 millones de euros de enero a diciembre de 2019.

Este problema en las arcas públicas, que Sánchez no sólo no ha conseguido domar en su primer año completo en Moncloa sino que lo ha agravado, puede ser la explicación de que el Gobierno se haya negado a un aplazamiento generalizado en el pago de impuestos y del cobro de las cotizaciones sociales.

Tras el estado de alarma, el 31 de marzo el Ejecutivo pasó la cuota de la Seguridad Social a los 3,2 millones de autónomos, a pesar de que una gran mayoría han visto como la decisión del Gobierno para frenar el virus hundía su facturación.