Esade avisa a Pablo Iglesias: la regulación del alquiler es ineficaz e inoportuna

La regulación del precio del alquiler que pretende imponer Pablo Iglesias en la futura Ley de Vivienda no es oportuna, ni adecuada, ni conveniente. Esa es la conclusión del informe elaborado por la escuela de negocios Esade, que anticipa que la intervención del alquiler tendría efectos negativos en el mercado inmobiliario español. A saber: reduciría la oferta, dificultaría el acceso a la vivienda a muchos inquilinos, generaría economía sumergida y derivaría en comportamientos oportunistas y prácticas discriminatorias, entre otros efectos.

El primer argumento que escribe la escuela de negocios para rechazar la regulación del precio del alquiler de Podemos es que no es oportuna, puesto el mercado se está regulando por sí solo debido a la pandemia del coronavirus. La actual incertidumbre económica y sanitaria ha frenado la actividad inmobiliaria y ha reducido el precio de los alquileres en las principales ciudades del país, mientras que en el conjunto de España la tasa de precios es ligeramente positiva. Los expertos explican que el precio de los alquileres ya se había estancado en 2020 y que, por lo tanto, la medida que quiere imponer Pablo Iglesias sólo paralizaría el ajuste.

Esade advierte de que limitar los precios del alquiler provocaría comportamientos oportunistas y prácticas discriminatorias

«Ni había una burbuja, ni nada en el marco actual sugiere la conveniencia de medidas como los controles de precios: ¿qué sentido tiene limitar los precios de los alquileres si el mercado ya se está ajustando a la baja? Si lo que se pretende es decir que desde que se instauró la política de alquileres los precios del alquiler se han reducido, pues es bastante probable que así sea … porque ya está sucediendo. Es decir, lo único que puede conseguir esta ley es paralizar el ajuste», advierte Jose María Raya, autor del informe y director de la Cátedra Vivienda y Futuro de la Universidad Pompeu Fabra.

En términos de eficiencia, el informe de Esade explica que intervenir el mercado del alquiler reduciría la oferta -excepto en el mercado no regulado-, provocaría desajustes entre los precios de la oferta y la demanda y tendría efectos negativos en el mercado laboral. Además, el mercado inmobiliario envejecería, puesto que los propietarios dejarían de invertir en sus viviendas- y aflorarían comportamientos oportunistas y prácticas discriminatorias. «La evidencia muestra que los efectos en precios, si existen, son exiguos y concentrados al principio», concluye el informe.

En cuestión de equidad, la escuela de negocios explica que redistribuir de los propietarios a los inquilinos resulta «notablemente imperfecto», puesto que no todos los inquilinos acceden a una vivienda controlada, ni todas las familias que acceden a un alquiler controlado son de renta baja, ni todas las familias que no acceden a un alquiler controlado son de renta alta. «A esto hay que añadir potenciales efectos adversos a largo plazo sobre los inquilinos potenciales que no llegarán a serlo al reducirse la oferta. Si se pretende redistribuir la renta, se debe utilizar el sistema fiscal», advierten.

En este contexto, Esade plantea hasta cuatro propuestas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler. Sugiere que el parque de protección oficial se destine al alquiler y que, a futuro, una parte mucho mayor de las mismas permanezca en manos de la administración pública. También plantea reservar un porcentaje de cada promoción para el alquiler social incentivando al sector de la construcción para que participe.

Desde la escuela de negocios también plantean reducir los requerimientos de nueva construcción para alquiler social e incrementar los niveles de seguridad jurídica y la eficiencia del sistema judicial. En cuanto al último punto, sugiere que los procesos de restitución de la propiedad no se alarguen en exceso, ya que lo considera  fundamental para el buen funcionamiento del mercado de la vivienda en alquiler.

Choque entre PSOE y Podemos

La futura Ley de Vivienda ha abierto una nueva brecha entre PSOE y Podemos. Los socialista han rechazado abiertamente las propuestas que han lanzado desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y pretenden que la nueva ley esté lista en marzo. Este nuevo plazo está muy alejado del que recoge el acuerdo de Presupuestos Generales, que implicaba llevar el texto al Consejo de Ministros a finales de enero. Es decir, ya va con dos meses de retraso.

Además de incumplir los plazos, los podemitas acusan a sus socios de gobierno de no presentar ninguna propuesta formal por escrito en materia de desahucios, viviendas vacías o regulación de precios del alquiler. En medio de esta guerra abierta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez aparecía en escena esta misma semana para decir a Podemos que bajara «los decibelios» a la hora de afrontar las diferencias de la negociación.