Asturias pagará a Duro Felguera lo que no quiere invertir Indra y después le dará el taller a Indra

El Gobierno de Asturias, dirigido por el socialista Adrián Barbón, no quiere dejar de ser el «corazón estratégico» de la construcción de vehículos militares pesados de España y, para eso, está dispuesto a pagar a Duro Felguera el dinero que la multinacional Indra se niega a invertir. Y eso que en las tierras asturianas está instalada ya la otra empresa referente de blindados, Santa Bárbara Sistemas de General Dynamics, que opera a un precio muy competitivo la Fábrica de Armas de Trubia, una instalación propiedad del Ministerio de Defensa.

En un anuncio que abre la nueva temporada política en Asturias, donde los partidos se preparan para las próximas elecciones autonómicas en 2027, el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció que el ejecutivo asturiano adquirirá el Taller de Barros, en Langreo, para que Indra construya allí su segunda planta en Asturias. Indra ya cuenta con el Tallerón en Gijón, comprado también a Duro Felguera el año pasado por 3,65 millones de euros.

La iniciativa, explicó, pretende hacer frente a la «situación de bloqueo» que mantienen en los últimos tres meses Duro Felguera, propietario de las instalaciones, y la multinacional española de Defensa y, al mismo tiempo, un movimiento defensivo del gobierno autonómico ante el temor de que Indra no espere más y traslade las operaciones de fabricación de nuevos vehículos a otros territorios: Galicia o Andalucía, ambas actualmente en manos de líderes políticos del Partido Popular.

Duro Felguera negocia con Asturias

Minutos después de estas declaraciones, que Barbón regaló a UGT durante la última edición de la Escuela Internacional de Verano, que abrió Manuel Fernández López Lito, el líder de UGT en la región, y el secretario estatal de la Formación, Pepe Álvarez, Duro Felguera confirmó que existe «un principio de acuerdo» con el Principado para la adquisición de la instalación langreana. No obstante, apuntó que «no facilitará más detalles» hasta que culminen los trámites.

«Duro Felguera valora muy positivamente este principio de acuerdo porque responde a la posición que ha mantenido desde el inicio: facilitar una solución justa para todas las partes que permita hacer posible el proyecto», señalaron fuentes de la empresa a la prensa local, que añadieron la voluntad de la compañía, actualmente en manos de inversionistas mexicanos, de contribuir al futuro industrial de la zona».

Cuestión de dinero: ¿subvención indirecta?

Las cúpulas de Indra y Duro Felguera llevan negociando sobre Barros desde hace más de seis meses, sin que hayan llegado a un acuerdo, lo que ha forzado al Gobierno asturiano a inmiscuirse ante las críticas de distintas fuerzas políticas y sindicales locales de que su pasividad podría provocar que la multinacional se llevara a Galicia u otra zona geográfica esta segunda instalación de vehículos blindados. «Galicia no se ha llevado nada de Barros, Indra siempre planteó inversiones complementarias», aseguró el presidente asturiano.

La diferencia principal se centra en el precio de la instalación. Duro-Felguera, con sus informes auditados, fijó un valor de entre 15 y 20 millones de euros porque, además, esa es la cifra por la que está avalado ante una reclamación de Hacienda. Sin embargo, la cúpula de Indra sólo ofreció cinco millones, que luego aumentó algo más por encima de los seis millones. Cerrándose a incrementar la oferta.

En las últimas semanas, el propio CEO de Indra, Josep María Recasens, le comunicó a Barbón que esa era la última oferta. A partir de entonces, ha promovido la presión política (tanto en Asturias como desde Madrid) sobre Duro-Felguera para «doblarle» el brazo y que acepte rebajar el precio. El precio final de compraventa no ha trascendido, pero fuentes citadas por La Nueva España señalaron que estaría «un poco por debajo» de esos 15 millones de euros.

En un principio, el Principado barajó la expropiación por interés regional que abarataría el precio, pero creaba un problema para Indra porque ese camino requería un largo periodo administrativo e Indra necesita poder contar con esas instalaciones activas lo antes posible, previsiblemente para principios del año que viene.

Con todo eso sobre la mesa y ante el peligro de perder la instalación, el ejecutivo de Barbón ha encontrado el dinero dentro de los presupuestos de 2027 (actualmente en trámite) y ha planeado comprarlo como bien público y luego alquilarlo a largo plazo a Indra, asegurando así que la multinacional mantenga sus planes de inversión. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa vio con buenos ojos la propuesta de Barbón.

La pregunta que ha surgido en algunos círculos es hasta qué punto ese apoyo financiero y decidido a Indra no enmascara una subvención indirecta favorable a esta empresa semipública donde SEPI tiene una gran influencia, a pesar de que cuenta en su propio territorio con la que hasta ahora y durante 20 años ha sido líder en la fabricación de vehículos blindados en España, General Dynamics a través de Santa Bárbara Sistemas.

Algunos sostendrían que si Indra llegara a un acuerdo con GD-SBS, no se requeriría Barros porque podrían utilizarse las instalaciones de la Fábrica de Trubia que, a partir de principios del año que viene, se prevé que cuenten con capacidad ociosa al finalizar los contratos internacionales que tiene en cartera, en concreto el proyecto para Letonia.

Ninguna de las dos empresas, que mantienen conversaciones desde hace meses para intensificar su colaboración (uno de los temas que provocó que el Gobierno apoyara la salida del equipo directivo de Indra formado por Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos), ha explicado cómo van a avanzar en esta colaboración. Hay que recordar que General Dynamics mantiene su denuncia en los juzgados contra el Ministerio de Defensa por la adjudicación “a dedo” a Indra del programa de artillería autopropulsada.

Es curioso que este anuncio de Barbón se produzca apenas unas horas después de dos gestos importantes. A última hora de ayer, Indra, como líder de Tess Defence, distribuyó la primera imagen de los socios del consorcio que diseña y fabrica el vehículo blindado de ruedas VCR 8×8 Dragón, en la que aparece Recasen con altos directivos de los otros socios, incluidos Alejandro Page, director general de GDELS-SBS, e Ibon Aperribay, vicepresidente de SAPA, empresa accionista de Indra y miembro de su Comité de Administración. «Durante el verano, los equipos han continuado trabajando de forma coordinada para impulsar el plan de entregas y avanzar en los principales hitos del programa», explicó a través de una comunicación de Tess Defence.

Al mismo tiempo, la coreana Hanwha reveló que ya había firmado el contrato con Indra para la transferencia de tecnología que permitirá a Indra fabricar los 128 obuses autopropulsados para el Ejército español, aunque no reveló su cuantía. En realidad, el contrato se refiere solo a las barcazas porque la artillería del vehículo está siendo diseñada y será fabricada por EME, empresa en UTE con Indra en este Programa Especial de Armamento. En este sentido, Indra no ha aclarado por el momento qué participación, si alguna, tendrán GD-Santa Bárbara Sistemas y SAPA en este programa, que tiene un presupuesto total de 4.516,3 millones de euros.