El Gobierno encarga la auditoría del INEM a Deloitte, que hizo la vista gorda en Bankia y Abengoa

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha decidido realizar un diagnóstico de los problemas que tiene el Servicio Público de Empleo (el antiguo INEM) para realizar la labor de intermediación laboral que tiene encomendada. En la actualidad, tal como avanzó Okdiario, este organismo sólo cierra el 2,1% de los contratos ofertados, lo que supone un absoluto fracaso.

El departamento que dirige Fátima Báñez ha decidido escoger a la auditora Deloitte para realizar este trabajo de fiscalización. En concreto, ha adjudicado a la compañía un contrato para la “evaluación cualitativa de los factores que inciden en el desempeño del Servicio Público de Empleo”. El importe supera los 391.000 euros, según revela el BOE.

Un contrato de 391.000 euros para evaluar la gestión del Servicio Público de Empleo

El Gobierno parece olvidar los escándalos en los que está inmersa la auditora, que ha vuelto a saltar a la actualidad con la crisis de Abengoa. Deloitte ha sido la encargada de fiscalizar las cuentas de la empresa sevillana en los últimos tres años y no ha puesto ninguna objeción que hiciera sospechar que la compañía iba directa a la quiebra. Tan solo se pronunció una semana antes de que Abengoa diera el primer paso para solicitar el concurso de acreedores, tal como informa el diario El Economista.

No es el único caso que afecta a Deloitte. La consultora avaló las cuentas de Bankia en su salida a Bolsa sin detectar el agujero económico del banco, que ha terminado necesitando más de 22.000 millones de euros de dinero público. De hecho, la auditora fue sancionada con 12 millones de euros por el Gobierno (a través del ICAC) y se quedó a las puertas de la imputación penal.

Además, tal como avanzó Okdiario, Deloitte era al mismo tiempo quien vigilaba las cuentas de Bankia y quien asesoraba a la entidad en la etapa de Rodrigo Rato. La compañía ganó más dinero de Bankia por asesorar y formular sus cuentas que por auditarlas.

El fracaso del servicio público de intermediación

La falta de eficiencia del organismo dependiente del ministerio de Empleo y Seguridad Social contrasta con la eficacia de las empresas privadas colocadoras, cuya tasa de intermediación es del 15,5%, con 2,66 millones de contratos de demanda activa con oferta previa, que es el único tipo de colocación en el que el servicio público interviene activamente a la hora de casar oferta y demanda de trabajo.

El resto de colocaciones provienen de demandas activas que encuentran empleo sin intermediación de organismos públicos.

Hoy en día el servicio público se limita a entregar subvenciones, asignar prestaciones por desempleo y poner en marcha las llamadas “políticas activas”, que suponen un desembolso total anual de más de 5.200 millones de euros. Esta partida ha crecido casi un 10% en los próximos Presupuestos Generales del Estado y no incluye el gasto en prestaciones, que ronda los 20.000 millones de euros.