Duro Felguera no levanta cabeza y cae un 20% en el último mes

Duro Felguera ha caído en el último mes más de un 20% y continúa en caída libre bursátil. Los conflictos internos, las querellas por soborno y la falta de proyectos nuevos a la vista son los mayores lastres de la empresa asturiana.

«La incertidumbre que rodea a Duro Felguera ha tenido un impacto directo y negativo llevando al activo a oscilar en el rango de los 0,4 euros. Todo apunta a que las informaciones que hablan de una posible corrupción internacional y blanqueo de capitales van tomando fuerza y pasando factura a la compañía», explica Antonio Sales, analista de XTB.

En el último trimestre, la compañía se ha desplomado un 36,5%, sólo superada por Liberbank (-45%) y desde mediados de 2014 ha perdido más del 90% de su valor en Bolsa.

Los conflictos internos son la mayor fuente de problemas de la multinacional con sede en Gijón. Y es que a los problemas de financiación y a los proyectos fallidos hay que sumarle sus problemas con la justicia por presuntos delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales.

El pasado 24 de noviembre, Acacio Rodríguez, consejero independiente de Duro Felguera, fue nombrado nuevo presidente de la compañía en sustitución de Ángel del Valle, después de que éste presentara su dimisión al consejo de administración.

Del Valle sigue ocupando un asiento en el máximo órgano de gobierno de la compañía como consejero no ejecutivo, en representación de la familia Arrojo, que posee casi el 24,4% del capital de la ingeniería asturiana a través de Inversiones Somió.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Duro Felguera, Del Valle Suárez, y otras seis personas por presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales, tras detectar pagos por comisiones y sobornos a funcionarios venezolanos.

El Ministerio Fiscal acusa a Del Valle de haber firmado una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno del país entre 2008 y 2011, cuyo objetivo era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para favorecer los intereses de la empresa.