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Economía

Denuncian ante la CNMC la venta de Trasmediterránea por parte de Acciona por «riesgo de quiebra»

Navieras Armas compró a Acciona un 92,71% de Trasmediterránea. Una adquisición que continúa pendiente del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según ha podido saber OKDIARIO, ha recibido diversos escritos denunciando la operación. Desde Acciona, sin embargo, son optimistas con la operación.

El capitán de la Marina Mercante, Rafael Rosselló Cuervas-Mons, asegura en un escrito remitido a la CNMC, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que la venta «provocaría una situación de monopolio en las líneas de Nador, Melilla y Canarias, así como en la actividad logística de Canarias».

Roselló de hecho, hace referencia a la “más que probable” quiebra de la compañía formada por Trasmediterránea y Armas porque, bajo su punto de vista, ambas entidades está muy endeudadas. Si se produce tal quiebra, asegura Roselló, se quedarían “huérfanas” todas las líneas de interés general, que son principalmente Ceuta y Melilla” y, de resultar así, desaparecería el cabotaje nacional, por lo que el experto se pregunta quién atendería las líneas de Melilla.

«Si la oferta es de cero euros, ¿cuál es la finalidad del contrato marítimo? O dicho de otra manera, si la empresa que hace las rutas con Málaga y Almería no percibe ningún dinero de la Administración, ¿qué le obliga a cumplir las obligaciones del contrato?”, se pregunta el denunciante.

Acciona, recuerden, subió un 1,66 % tras anunciar el acuerdo para la venta de su participación del 92,7 % en Trasmediterránea por 260,4 millones a Armas, que asume el repago de deuda de la naviera con otras sociedades del grupo constructor y energético por 127,3 millones de euros. Es decir: 387 millones de euros. 

En conclusión, desde Melilla se muestran preocupados sobre el futuro del transporte marítimo y las líneas de servicio público que unen la ciudad autónoma con el resto de España a través de los puertos de Málaga y Almería. Una inquietud que surge a partir de que el Ministerio de Fomento adjudicara este servicio a la naviera Trasmediterránea, que presentó una oferta económica de cero euros. Esto, según los denunciantes, implicaría que la empresa privada no percibiría ningún dinero de la Administración.