Blesa dice que Deloitte «tenía suficientes pistas» para conocer la existencia de las tarjetas ‘black’

La auditora Deloitte y su socio auditor Francisco Celma están imputados en el caso de la salida a Bolsa de Bankia por no haber apreciado fraude en las cuentas presentadas por la entidad financiera en 2011. Sin embargo, la firma de servicios profesionales que preside en España Fernando Ruiz ha logrado eludir la acción de la justicia en el caso de las tarjetas black, a pesar de que la antigua dirección de Caja Madrid apunta en el juicio que la auditora tenía suficiente información para conocer la existencia de esta remuneración irregular ocultada a Hacienda.

Hasta ahora, la versión oficial que mantenían los responsables de Deloitte en España era que la auditora, que fue la firma encargada de fiscalizar las cuentas de Bankia durante más de diez años, no conocía la existencia de estas tarjetas opacas, ya que la gestión de las mismas la realizaba la Dirección General Financiera y de Riesgos, en lugar del departamento de Recursos humanos, que era el organismo que gestionaba el resto de las tarjetas corporativas de la antigua caja de ahorros, ahora convertida en banco.

Esta excusa no convenció al bufete Yvancos Abogados, despacho personado en calidad de acusación particular que pidió que se citara a representantes de Deloitte, al menos como testigos, en el caso para que “se dirimiera su responsabilidad” en el uso fraudulento de las tarjetas black, al no haber sido capaz de detectar ni siquiera su existencia durante tanto tiempo de relación con la entidad financiera, revisando sus cuentas al detalle y emitiendo informes favorables a los estados financieros publicados por el banco.

La petición de Yvancos Abogados fue desestimada, pero ahora las nuevas revelaciones ponen en tela de juicio la labor de Deloitte y los argumentos presentados para eludir su papel en el caso Bankia. El ex presidente de la entidad financiera, Miguel Blesa, ha declarado en el juicio que la auditora no puede decir que no conocía la existencia de las citadas tarjetas porque “tenía suficientes pistas” para descubrirlas, debido a que existía documentación a disposición de la firma que obligatoriamente debían consultar los auditores para realizar su trabajo de forma correcta.

Según indica el despacho de abogados, la comparecencia de Deloitte debería haber sido exigida por el tribunal por la gravedad de los delitos, ya que “las actuaciones de los consejeros que tenían estas tarjetas opacas “se encuadran a la perfección en el delito de administración desleal o fraudulenta en su tipo continuado, falsedad documental y delito contable”, que deberían haber sido descubiertos por la auditora.

No es la primera vez que Yvancos Abogados solicita la imputación de Deloitte, ya que el bufete presentó una querella criminal en la Audiencia Nacional contra la firma por “haber participado en el falseamiento de las cuentas de Abengoa”. El despacho acusa a Deloitte y a Abengoa como personas jurídicas de los delitos de “falseamiento de documentos” y “falseamiento de información económico-financiera”.

En el caso de la auditora apunta, además, que “ha existido mala fe en los criterios utilizados en su contabilidad interna, lo que constituye un acto de obvia y burda manipulación y alteración de los precios de sus títulos en el mercado”.