Los daños provocados por la DANA supondrán un coste superior a los 70 millones para las aseguradoras
Las inundaciones y riadas provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) han destrozado viviendas, vehículos, polígonos industriales, carreteras y cultivos. Unos daños, que serán sufragados entre las distintas aseguradoras y, tal y como ha prometido el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fondos públicos. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) estima que el coste de los destrozos generados por la DANA superará los 70 millones de euros.
Desde la OCU señalan a OKDIARIO que «los usuarios deben recordar que normalmente esto no lo cubre el seguro, sino el
Consorcio de Seguros. Para ello es imprescindible, no obstante, reclamar los daños a través de la propia compañía y tener la póliza en regla y la prima abonada. De ese modo, la propia compañía será la encargada de pasar la reclamación al consorcio».
El subdirector de Tasaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), Alfonso Manrique, ha destacado que el coste en la Comunidad de Madrid se situaría entre los 7,5 y los 9,5 millones, en Toledo los daños habrían causado 1 millón y en Ávila 300.000, según los cálculos provisionales.
El propio Sánchez aseguró hace unos días que era «muy prematuro»cuantificar los daños materiales provocados por DANA, aunque señaló que el Gobierno ya trabaja en la evaluación de dichos daños. De hecho, está previsto que este próximo martes el Congreso lance una proposición no de ley para declarar zona catastrófica a los municipios afectados por DANA.
En concreto, piden al Ejecutivo que elabore, en colaboración con el resto de administraciones afectadas, un Informe sobre los daños que ha producido estos sucesos climáticos y a declarar lo antes posible dichas zonas como catastróficas, con las consecuentes ayudas directas, indemnizaciones o bonificaciones que correspondan a los damnificados.
Del mismo modo, pide que se evalúen las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas y se facilite a los ayuntamientos y vecinos afectados el apoyo necesario para la tramitación de seguros y ayudas.
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