Correos está en la UVI financiera: 1.300 millones de dinero público desde 2010

El servicio postal que realiza el sector público no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y sobrevive exclusivamente gracias a la inyección anual de fondos a través de los Presupuestos Generales del Estado. En los últimos cinco años el desembolso ha alcanzado los 1.300 millones de euros, que no han servido para sacar a Correos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UVI) en materia financiera.

La empresa está segregada en tres divisiones: la sociedad estatal Correos y Telégrafos, que es la encargada del servicio postal universal; Correos Express, que es la responsable de los envíos de paquetería; y Correos Telecom, que es la unidad encargada de la expansión en materia de comercio electrónico.

“Correos no sabe cuál es el coste de enviar una carta, un giro postal o un certificado”

El dinero público lo recibe la primera de ellas, Correos y Telégrafos, por realizar el servicio postal universal, es decir, por asegurar la calidad del servicio en todo el territorio nacional con independencia de la rentabilidad económica del negocio. Por este concepto la empresa pública recibió 518 millones de euros en 2014, sumando los citados 1.300 millones en el último lustro, un 30% más que el dinero inyectado en los cinco años anteriores.

Crisis de gestión

El problema fundamental es que la crisis de gestión impide conocer el coste de los servicios más elementales, de forma que la asignación de recursos se realiza sin disponer de un cálculo adecuado que la justifique. Según confirman fuentes del sector, “Correos no sabe cuál es el coste de enviar una carta, un giro postal o un certificado”.

Esto sucede porque después de cinco años de aplicación de la Ley Postal no se ha desarrollado un plan de prestación del servicio postal universal, que debe incluir el modelo de estimación del coste del servicio. “Sin conocer exactamente los costes, las asignaciones presupuestarias son erráticas y cada año se tapan los agujeros de los anteriores”, explican las fuentes consultadas.

El 86% de los ingresos… para pagar salarios

Y es que sin dinero público la empresa está destinada a la quiebra. Según reflejan las cuentas anuales de 2014, la facturación es de 1.590 millones de euros con unos costes de personal de 1.370 millones. Es decir, que la empresa destina el 86% de su cifra de negocio al pago de salarios y cotizaciones sociales. Desde 2010 Correos ha perdido un 25% de su actividad postal.

En cuanto al resto de divisiones, el servicio de paquetería prácticamente ha duplicado las pérdidas en el último ejercicio y sus previsiones indican que Correos Express no será rentable hasta 2039. En cuanto al comercio electrónico, la estrategia es bajar los precios para conseguir que las grandes empresas del sector (como por ejemplo Amazon) les contraten para los envíos.

Por todo lo anterior, la empresa está bajo el punto de mira de los reguladores españoles y europeos.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el modelo contable empleado por Correos en informes relativos a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Bruselas investiga la competencia desleal

Además, la Comisión Europea ha iniciado una investigación para determinar las causas del desconocimiento de los costes reales del servicio postal universal y el destino del dinero público entregado por el Gobierno para sufragarlo.

Según explican las fuentes consultadas “el interés de Bruselas es conocer lo que se está subvencionando, ya que hay una percepción de que existe algún tipo de sobrecompensación, pues el coste del servicio está bajando mientras la subvención crece de forma sostenida”.

Las sospechas se centran en determinar si Correos emplea el dinero público para financiar los costes del negocio relacionados con la paquetería, el comercio electrónico y los servicios a grandes empresas, realizando competencia desleal.

Acaba la Legislatura y Correos tiene muchas asignaturas pendientes. Todos los grandes servicios postales europeos se han transformado en plataformas logísticas competitivas, con la excepción de los italianos y españoles. En Francia se ha mantenido la titularidad pública, en Alemania, Bélgica, Reino Unido o Austria se ha realizado con sociedades mixtas con varios grados de capital privado; y en Holanda el servicio se ha privatizado por completo.