Correa aprovecha el terremoto para cobrar 1.000 millones de dólares más en impuestos

Tras la devastación provocada por el terremoto de 7,8 grados que afectó a buena parte de su país, los habitantes de Ecuador tienen que sufrir una masiva subida de impuestos. Algunas de las cuatro nuevas medidas impositivas tan sólo a una parte de la población, mientras que otros afectan a la totalidad. El presidente del país, Rafael Correa, ha puesto como excusa para su nueva ofensiva impositiva la necesidad de recaudar para hacer frente a las consecuencias del seísmo.

Fiel a su estilo, similar al de Hugo Chávez, Rafael Correa anunció sus nuevas medidas en una “cadena” (mensaje televisivo de obligada emisión para todas las emisoras públicas y privadas del país). El Gobierno ecuatoriano ya ha ofrecido datos sobre cuánto espera recaudar con ese aumento de la presión fiscal, en la que los nuevos impuestos son llamados “contribución solidaria”: unos 1.000 millones de dólares.

Correa anunció una subida del IVA general de dos puntos, que pasa del 12% al 14%. Tan sólo quedan exentos del incremento los productos con IVA del 0%, como los alimentos sin procesar, los servicios de salud, educativos, funerarios y religiosos. Este aumento de este impuesto indirecto tendrá una vigencia de un año, según el presidente ecuatoriano. El Ejecutivo espera recaudar por esta vía 720 millones de dólares, según han informado el ministro coordinador de Político Económica, Patricio Rivera, y el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando.

Como segunda medida, se establece una contribución adicional del 3%, para una sola vez, del impuesto sobre los beneficios de las empresas. El Gobierno calcula que esto le permitirá recaudar 86 millones de dólares adicionales.

La tercera actuación es el establecimiento, también para una sola vez, de una “contribución solidaria” obligatoria del 0,9% de su patrimonio para aquellas personas que posean más de un millón de dólares. Aunque en un principio Correa dijo que este nuevo impuesto era sólo para las personas naturales (físicas), se va a aplicar también a las jurídicas. El Gobierno espera cobrar 70 millones de dólares, por un gravamen que va a afectar a unos 4.500 contribuyentes.

El cuarto impuesto se impone sobre los sueldos, de forma escalonada. Quienes ganan más de 1.000 dólares mensuales, deben entregar el Estado un mes el salario de un día. Los que cobran más de 2.000, deberán hacerlo durante dos meses. Esta progresión se mantiene hasta los que perciben por su trabajo más de 5.000 dólares, que tendrán que hacer su “contribución solidaria” del sueldo de una jornada durante cinco meses. Por esta vía espera cobrar 160 millones de dólares.