El consejo de Iberdrola cierra filas con Sánchez Galán por entender que ha obrado correctamente

El consejo de administración de Iberdrola ha reafirmado su apoyo a la continuidad de Ignacio Sánchez Galán al frente de la presidencia de la compañía, a pesar de su imputación por el ‘caso Villarejo’, al considerar que «no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros del consejo ni de la alta dirección», y ha mostrado su colaboración con la Justicia.

En un comunicado a la CNMV, el órgano rector de la energética señala que acordó dar «por debidamente cumplidas» las obligaciones establecidas en el sistema de gobernanza y sostenibilidad de la sociedad y en las recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas para el caso de que algún miembro del consejo de administración fuera llamado como investigado en el procedimiento penal, «sin que se considerara preciso la adopción de medida alguna».

El consejo respalda está decisión en «la completa» investigación interna que llevó a cabo y el informe ‘forensic’ recabado de PwC, así como en el «seguimiento exhaustivo y la detallada información» recibida a lo largo de todo el proceso, y en la evaluación continuada por parte de los órganos sociales «de la situación y de la actuación de las
personas involucradas».

No obstante, la compañía reitera que «continuará manteniendo su línea de colaboración con la Administración de Justicia y monitorizando, en aplicación de su Sistema de gobernanza y sostenibilidad, la evolución de este asunto».

Este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó la imputación de Galán y de tres directivos -el ‘número dos’ y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo-.

Les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.

En su auto el magistrado acepta así la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de Tándem y explica que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al expresidente de Endesa Manuel Pizarro.

Como consecuencia de ello, los órganos sociales, la Comisión Ejecutiva Delegada y el propio consejo de administración de Iberdrola han valorado la situación del asunto Villarejo y su impacto en la sociedad.

«No se han encontrado pruebas de irregularidades»

A este respecto, la energética recuerda que ya el pasado 25 de mayo la Comisión Ejecutiva Delegada «dejó constancia del apoyo a la gestión realizada» y que, desde el primer momento y de manera continua, el consejo de administración y las comisiones de Iberdrola «habían actuado de conformidad con el sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales ratificando el apoyo a la gestión realizada».

Además, ese mismo día se acordó poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 para que, en la medida en que lo considerase necesario y tan pronto como fuese posible, comparecieran para proporcionar su testimonio y, de esta manera, «facilitar la finalización de la investigación en curso».

También se dejó constancia expresa de que, conforme a las conclusiones de la investigación interna y del informe ‘forensic’ encargado a PwC, no se había puesto de manifiesto «la comisión de ningún
tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión)» por parte de los miembros del consejo de administración ni de la alta dirección en relación con el caso Villarejo.