El Congreso debate esta semana medidas urgentes para asegurar el sistema de pensiones

El Pleno Congreso debate esta semana, en su primera reunión ordinaria tras el paréntesis estival, si insta al Gobierno a reforzar con mayores ingresos el sistema de pensiones para garantizar su equilibrio financiero y su sostenibilidad, y que estas prestaciones puedan actualizarse conforme a la evolución de los precios.

El debate tendrá lugar a raíz de una moción del PSOE y que es consecuencia de la interpelación que este grupo dirigió a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el último Pleno antes del parón estival.

En su iniciativa, los socialistas dan al Ejecutivo un plazo de tres meses para, previa negociación con los interlocutores sociales, adoptar medidas destinadas a reforzar los ingresos por cotizaciones a través de «una aportación adicional suficiente proveniente de la imposición general».

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de los socialistas en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha señalado que con esta iniciativa buscan ratificar el apoyo de la Cámara a una iniciativa similar, también a instancias del PSOE, que reclamaba derogar el factor de sostenibilidad, el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y volver a actualizar las mismas al ritmo de la inflación.

La proposición no de ley fue aprobada el pasado mes de marzo gracias a los apoyos de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT y el PNV. El Partido Popular votó en contra y Ciudadanos optó por abstenerse.

El debate, previsto inicialmente para este martes, tiene lugar en medio de las dificultades que está teniendo la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo para renovar las recomendaciones con las que, presumiblemente, el Gobierno deberá aprobar nuevas medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Sin avances en la reunión de recomendaciones

Tras celebrar una treintena de comparecencias desde noviembre de 2016, la Comisión inició el pasado mes de mayo la revisión de las recomendaciones sin haber alcanzado un acuerdo firme sobre ninguna de ellas. Todo ello a pesar de explicitarse un consenso suficiente sobre cuestiones como la separación de fuentes de financiación, el mantenimiento en el sistema de las pensiones de viudedad y orfandad o la descarga de la Seguridad Social de ciertos gastos, así como el coste de los incentivos en las políticas activas de empleo.

Precisamente, para analizar cuestiones técnicas que implicaría la reestructuración de gastos (como parte del patrimonio con el que cuenta la Seguridad Social) y los estados de las cuentas del sistema, la Comisión recibió la visita del director general de Tesorería de la Seguridad Social, Francisco Gómez.

Este miércoles, la Comisión tiene previsto reanudar su actividad con dos reuniones a puerta cerrada en las que los diputados recibirán información acerca de uno de los puntos que dificultan el acuerdo: la revalorización de las pensiones, que actualmente se fijan a través de una fórmula que tiene en cuenta la evolución de ingresos y que, si no se producen cambios extraordinarios, fijará una evolución del 0,25% de las prestaciones en los próximos años.

Así, está previsto que acuda al Congreso Per Eckefeldt, uno de los coautores del informe presentado el pasado mes de diciembre por la Comisión Europea sobre las reformas emprendidas en los sistemas públicos de pensiones de los países miembros, así como el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid Borja Suárez.

Villalobos emplaza a concluir la revisión la revisión antes de 2018

Hasta ahora, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ha sido el principal campo de batalla en la Comisión, ya que si bien PSOE y Unidos Podemos apuestan por derogar los elementos introducidos en la reforma de 2013, tanto PP y Ciudadanos rechazan de lleno tal postura, considerando que pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema, sin excluir tampoco una reforma de la revalorización.

Asimismo, recuerdan que la comisión carece de competencia legislativa para poder impulsar leyes en este sentido y que su labor es la revisión de las recomendaciones, que en un primer momento se estimó que estaría lista para primavera y después se sugirió, desde la presidencia de la Comisión, a cargo de la ‘popular’ Celia Villalobos, que podría completarse antes del parón vacacional.

El nuevo plazo que Villalobos ha trasladado a los grupos, según han comentado fuentes del grupo de trabajo a Europa Press, es que los trabajos pudieran concluir antes de concluir 2017.