Competencia pone en duda la legalidad de la bajada de la factura eléctrica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado su informe sobre la Orden que regula las tarifas de la luz en 2016 y que, tal y como anunció el Gobierno, significará una rebaja en el precio que tienen que pagar los consumidores. Competencia pone en duda la legalidad de la bajada del peaje 6.1B, que beneficiará a parte de los clientes de media tensión, puesto que sigue existiendo un déficit de tarifa que hay que subsanar.

Competencia considera que el Gobierno no ha justificado el motivo por el que rebaja el peaje 6.1B, contratado por poco más de 1.100 clientes de media tensión de los más de 108.000 existes en España, mientras que el resto se mantienen congelados.

Los pagos por capacidad serán de 218 millones de euros en 2016

La CNMC añade: “Cabe cuestionar si, además de su falta de justificación, la revisión a la baja de los cargos referidos anteriormente es conforme al artículo 19.5 de la Ley 24/2013, en tanto en cuanto impide la reducción de los peajes y cargos mientras existan deudas pendientes de ejercicios anteriores”.

Dicho artículo establece que: “En todo caso, mientras las partidas de costes del sistema eléctrico reflejen pagos que correspondan a deudas pendientes de años anteriores, los cargos no podrán ser revisados a la baja”. De esta manera, la existencia del déficit de factura acumulado, que se sitúa por encima de los 25.000 millones de euros, impide rebajar la factura de la luz.

La factura media de los clientes del peaje 6.1B 8 (que se aplica a los consumidores conectados a redes con una tensión de entre 30 y 36 kilovoltios) se reducirá en un 21% de media y supondrá una reducción de los ingresos de la empresas eléctricas en 10 millones de euros, según la CNMC.

A pesar de esta rebaja en un peaje y en otros costes regulados, lo que supondrá una bajada de la factura de la luz, Competencia estima que 2016 será un año de resultados positivos para el sector eléctrico al prever que los pagos por capacidad serán de 218 millones de euros.

Competencia reclama que se proceda “lo antes posible” al desarrollo reglamentario que permita cumplir con la obligación de utilizar el superávit para reducir el déficit de tarifa acumulado de años anteriores.