Las comercializadoras de energía que te acosan con llamadas piden que no les cierren el chiringuito

Las comercializadoras de energía que bombardean ilegalmente con llamadas a los españoles han pedido al Gobierno que no prohíban dicha práctica, sino que «la regulen». La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha defendido una regulación «adecuada y proporcionada, en lugar de una prohibición total de las llamadas comerciales en el sector eléctrico» como contempla el proyecto de Real Decreto del Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica.

En un comunicado, la asociación destacó la necesidad de erradicar las malas prácticas comerciales, como las que cometen, pero «desde un enfoque que mejore la transparencia y la regulación, no que elimine canales de comunicación con el consumidor» es decir, sin que les quiten la posibilidad de seguir llamando a los clientes.

Hace más de un año que se celebró la Audiencia e Información Pública de este proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que se establecía que «el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa». Para ACIE, en la práctica, esta medida «supondría la prohibición de las llamadas comerciales en el ámbito eléctrico».

Julio César Nieto, el presidente de ACIE, destacó que las llamadas son «una herramienta válida y eficaz para que el consumidor pueda conocer y comparar distintas ofertas y servicios energéticos».

«Al igual que otros canales, tiene ventajas e inconvenientes, pero su prohibición supondría un retroceso en la libertad de elección del usuario», añadió. Sin embargo, para aquellos que son bombardeados con llamadas, todo son inconvenientes.

A este respecto, la asociación estimó que la propia Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 66.1.b, ya establece mecanismos para evitar las llamadas no deseadas, «garantizando la protección del consumidor sin necesidad de recurrir a restricciones absolutas. Igualmente, se ha mejorado el control a través de la regulación de una numeración específica». Una protección, que por supuesto, ellos no han considerado para el consumidor.

Por esta razón, la asociación esperó que los últimos trámites legislativos del Real Decreto «se orienten hacia una mejora y adaptación de la regulación existente, recogiendo las propuestas planteadas por los distintos agentes del sector».

En concreto, consideró «esencial» mantener la posibilidad de utilizar el canal telefónico para la contratación con pequeñas y medianas empresas (pymes), así como con particulares, «siempre que conste un interés legítimo conforme a los términos establecidos por la autoridad de protección de datos y la CNMC en junio de 2023».