Colau viola por primera vez en España la propiedad privada de los bancos: expropia un piso a BBVA

Lucia Martín, edil del Ayuntamiento de Barcelona, ha anunciado este mismo viernes que el consistorio ha aprobado y ejecutado la primera expropiación, de manera forzosa, de una vivienda vacía del banco BBVA. Esta tendrá lugar durante un periodo de 10 años y es la primera medida que ha tomado la alcaldesa Ada Colau tras su reelección.

La concejala lo ha comunicado esta mañana en una rueda de prensa en la que además ha avanzado que el Ayuntamiento de Barcelona ya es titular del derecho de uso sobre esta vivienda. El consistorio ha decidido incorporarla al parque municipal de vivienda, justificando que la entidad bancaria ha mantenido esta vivienda vacía durante los últimos dos años. Desde BBVA no han querido hacer ningún comentario por el momento.

Esta expropiación del derecho de uso se ha hecho en aplicación del artículo 15 de la Ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que ha vuelto a entrar en vigor tras levantarse la suspensión que interpuso el Tribunal Constitucional (TC).

Además, Martín también ha señalado que el Ayuntamiento se encuentra analizando otros siete procedimientos en los que, de no alcanzar un acuerdo con las entidades, el conflicto podría terminar en otras expropiaciones. Antes de llegar a este desenlace, la concejala ha explicado que el Instituto Municipal de Vivienda  pone en marcha un proceso de mediación para evitar en la medida de lo posible llegar a este extremo.

Esta expropiación ha tenido lugar en un piso situado en la calle Palerm, y la compañía ya habría interpuesto un recurso contra la medida de Colau. “No tenemos afán recaudatorio, sólo queremos enviar un mensaje de que la vivienda es un problema social y que tenemos que corresponsabilizarnos. No permitiremos abusos”, ha asegurado Martín.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Barcelona tiene abiertos 300 procesos  contra grandes tenedores y solo en el pasado mandato se cobraron alrededor de 165.000 euros en multas por malas prácticas.