Las cementeras alertan de nuevos cierres por el coste energético y el freno del consumo
El presidente de Oficemen, Jesús Ortiz Used, ha alertado hoy de la posibilidad de que se produzcan nuevos cierres de plantas si los costes energéticos y los derechos de CO2 se mantienen al alza y si sigue el freno en la recuperación del consumo interno, que en 2018 subió el 8 % frente al 12 % en 2017.
Aunque a día de hoy ninguno de los asociados a la patronal cementera ha comunicado su intención de seguir los pasos de la mexicana Cemex, que ha aplicado un ERE que afecta a 188 trabajadores y ha cerrado plantas, «no sería descartable que otras empresas se planteen recortes», ha advertido Ortiz.
El sector, ha subrayado, está muy preocupado por los incrementos del coste eléctrico (que supone el 40 % del total de costes de la industria) y que en los dos últimos años ha restado 2 millones de toneladas de la actividad exportadora.
Esto se hace aún más insostenible en el horizonte 2021, cuando se restringirán los derechos de CO2, lo que muchas empresas anticipan que supondrá que su actividad exportadora pase a ser «no contributiva», según el presidente de Oficemen, que ha recordado que países competidores como Turquía no tienen que hacer frente a este coste.
Además, el ritmo al que se está recuperando la demanda interna hace que el sector se mantenga «muy lejos» de alcanzar la producción que sería deseable y sostenible (22 millones de toneladas).
En 2018, el consumo de cemento en España se situó en 13,4 millones, el 8 % más que un año antes, y se mantuvo en niveles de 1967, según los datos de Oficemen, que para este año prevé que el incremento de la demanda se modere aún más y se sitúe entre el 3 y el 6 %.
En 2019, la actividad del sector se verá marcada por el ligero incremento de la construcción en el mercado no residencial, el aumento más moderado del mercado de la vivienda y una obra pública que seguirá estancada.
Las exportaciones siguieron perdiendo peso a la hora de paliar el reducido mercado doméstico y sumaron hasta noviembre 8,1 millones, el 12 % menos que un año antes, lastadas por la pérdida de competitividad de las plantas españolas, principalmente, por los precios eléctricos y de los derechos de CO2 -se triplicaron para situarse en 24,6 euros por tonelada-.
En este sentido, Ortiz ha confiado en que el estatuto de la industria electrointensiva se lleve a la práctica esta misma legislatura y palíe en parte la problemática del coste energético.
Tras el cierre de las plantas de Cemex en La Lloseta (Mallorca) y Gádor (Almería), en España se mantienen operativas 29 fábricas que generan 4.000 empleos directos y 8.000 indirectos.
Las 31 plantas que había operativas en 2018 tenían capacidad para producir entre 30 y 35 toneladas de clinker al año, mientras que en los últimos siete u ocho años solo han producido entre 17 y 18 millones de toneladas.
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