El cambio en los alquileres que está afectando a los inquilinos: adiós a lo que conocías
Este el cambio que tiene que ver con los alquileres y que protege a los inquilinos
España tiene un problema con el precio de la viviendas y el Gobierno de Pedro Sánchez, por inacción o poca capacidad, no está dando con la tecla para apañar los principales problemas de los más jóvenes, que están en serias dificultades para poder acceder a un piso en nuestro país. Uno de los cambios introducidos en la ley del alquiler tiene que ver con una gran ventaja para los inquilinos, que podrán seguir dentro de una vivienda aunque el propietario no lo desee. Todo siempre y cuando el arrendatario cumpla con las condiciones de pago acordadas con el arrendatario.
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, ha introducido modificaciones en lo que tiene que ver con los alquileres. Acceder a una vivienda en España es algo utópico para los millones de jóvenes y no tan jóvenes ya sea a través de una compra o simplemente con un contrato de arrendamiento por medio. El precio del alquiler ha subido alrededor de un 10% en los últimos años y esto está muy por encima del 4% que marcaba como máximo la Ley de Vivienda de nueva creación.
Esta ley parece que iba a ser la panacea para cientos de miles de españoles pero a pesar de que se anunció a bombo y platillo como un gran logro de la izquierda lo cierto es que el resultado es el de siempre: más miseria. Además de que en lo que respecta a la okupación se pongan por en medio más trabas burocráticas para los propietarios, en esta norma también se ampara a los inquilinos en el caso que quieran seguir en la vivienda a pesar del «no» del arrendador.
El cambio en los alquileres que beneficia a los inquilinos
La nueva Ley de Vivienda, aprobada tanto en el Congreso como Senado y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de mayo, ha llegado al panorama nacional con grandes variantes como puede ser el «incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024» así como la introducción de la posibilidad de «prórroga extraordinaria para el arrendatario tras la finalización del contrato, por plazos anuales y por un periodo máximo de tres años». Esto quiera o no quiera el arrendador.
Esta variante de la norma de los alquileres lo explica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de su página web, en la que pone de manifiesto que, como siempre así ha sido, la duración del contrato será de libre elección a través de un mutuo acuerdo entre arrendatario y arrendador. El Gobierno también deja claro las condiciones que se tienen que dar para que el inquilino pueda seguir más tiempo en la vivienda aunque no esté conforme el propietario. Para ello, los contratos tendrán que estar firmados a partir del 6 de marzo de 2019 y se aplicará sólo a los que la duración sea inferior a cinco años si es persona física y siete en el caso que sea una persona jurídica.
«Para los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si el plazo pactado fuera inferior a cinco años, cuando el arrendador sea persona física, o a siete, si fuera persona jurídica, el contrato se prorrogará automáticamente hasta llegar a esos cinco o siete años, por plazos anuales», afirma el ministerio a través de su página web en la que también deja claro que: «La prórroga no se producirá si el arrendatario (inquilino) comunica al arrendador (propietario) con al menos 30 días de antelación a la finalización del plazo pactado o de cualquiera de sus prórrogas anuales su intención de no renovar». En el caso de que ninguna de las partes notifique transcurridos cinco años «el contrato se prorrogará por plazos anuales hasta un máximo de tres años más». El cambio con respecto a la anterior ley es que hasta la fecha sólo se podría renovar un año más.
Así que con esta nueva norma en la mano, los inquilinos tendrán derecho estar en la vivienda hasta que se cumplan cinco años o siete si es persona jurídica. Hay que tener claro que la norma siempre permitirá a los inquilinos a seguir una vez finalizado el contrato siempre que se cumplan las condiciones de pago así como las condiciones pactadas. Con esta ley se pretende poner fin a los desalojos y evitar que los propietarios incrementen de forma brusca el precio del alquiler de un año para otro.
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