Bruselas propone una consulta abierta para suprimir las monedas de uno y dos céntimos

La Comisión Europea lanzará una consulta pública para eliminar las monedas de uno y dos céntimos con el objetivo de unificar en toda la eurozona el redondeo de los precios para pagos en efectivo. Bruselas decidirá a finales de 2021 si presenta una propuesta legislativa con todos estos cambios, para conseguir alcanzar criterios unificados para todos los países de la zona euro.

Bruselas ha comenzado este lunes el análisis de impacto sobre el uso de las dos monedas con menos valor de la divisa común. El proceso también incluye una consulta pública que estará abierta durante las próximas 15 semanas para que diferentes instituciones y autoridades nacionales, así como la sociedad civil, presenten su opinión al respecto.

El Ejecutivo comunitario tiene el mandato legal de examinar «periódica y detenidamente» el uso de las diferentes monedas de euro sobre la base de unos criterios de coste y de aceptabilidad por parte de la ciudadanía europea.

«La Comisión estudiará detenidamente en este análisis el impacto económico, medioambiental y social de introducir unas reglas uniformes para el redondeo», ha explicado la Comisión Europea, que garantiza que la futura propuesta al respecto se basará en las conclusiones de esta evaluación.

Unificar criterios

Bruselas ya avanzó este procedimiento en enero, cuando presentó su documento de trabajo para este año. Con este movimiento, el Ejecutivo comunitario quiere evitar que cada socio del euro siga unos criterios propios y distintos del resto a la hora de redondear los precios de los pagos en efectivo.

A principios de año, por ejemplo, Bruselas ya había advertido de que algunos Estados miembros como Finlandia, Italia, Bélgica, Irlanda o Países Bajos habían aprobado ya normas internas sobre el redondeo mientras que otros países no disponen de regulación concreta.

Es en esta evaluación en la que se enmarca el futuro de las monedas de uno y dos céntimos de euro, que Bruselas podría proponer eliminar si considera que su uso no está generalizado y su supresión no tiene graves perjuicios sobre la economía.